sábado, 13 de octubre de 2012

CRÓNICA Y ANIVERSARIO DE UNA RUINA

El interior de un palacete del siglo XVII de la calle Regina de Sanlúcar fue demolido para construir un aparcamiento que nunca se llegó a terminar.

(Publicado por DIARIO DE CADIZ, domingo, 28/10/2012)
Salvador Daza Palacios

A lo largo de este año 2012 se ha cumplido el trigésimo aniversario de la parálisis total de un proyecto de aparcamientos que la desaparecida empresa PYPSA, S.L. había concebido en una antigua casa solariega situada en la calle Regina nº 34 de Sanlúcar. La gran mansión, construida en el siglo XVII según el modelo de casa de Cargadores a Indias, fue durante muchos años propiedad de la familia Colom, que la adquirió en 1847. Entre los ilustres huéspedes que alojaron durante tantos años se encontraba el compositor sevillano Joaquín Turina quien, junto con su familia, pasó algunas temporadas veraniegas en nuestra ciudad. En esta casona escribió, entre otras obras, su ópera Margot y la gran “Sonata pintoresca para piano” titulada precisamente Sanlúcar de Barrameda. Pero los miembros de la familia Colom no encontraron los recursos suficientes para sufragar las grandes reparaciones que la finca necesitaba hacia fines de los años setenta del pasado siglo y decidieron venderla.


Poco tiempo después, la citada empresa constructora creyó encontrar una solución mágica para obtener beneficios rápidos con la inversión que había realizado comprando el inmueble. A la vista de la gran expansión automovilística y turística de aquellos años en las ciudades costeras, el negocio de construir un gran aparcamiento en el centro de Sanlúcar parecía un beneficio seguro. Pero ¿qué solvencia tenía esta empresa para abordar tal inversión y proyecto?

PROMOCION DE VIVIENDAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

La empresa PYPSA fue creada hacia fines de los años sesenta y en el transcurso de diez años se convirtió en una gran empresa que daba empleo a muchos obreros de la construcción. En el verano de 1971 anunciaba en Sevilla la promoción del “Conjunto Residencial Puerto Lucero”. En 1972 la empresa se había embarcado en una gran promoción en Chipiona, casi en la mismísima playa de Regla, el edificio “Chipiona”, una mega- construcción de pisos y apartamentos de 1 a 3 dormitorios cuyos precios oscilaban entre las 260.000 y las 380.000 pesetas, con facilidades de pagos aplazados hasta 10 años (1). Tres años después, la empresa estaba finalizando uno de sus proyectos más emblemáticos, el edificio “Barrameda”: «Algo diferente: su piso dentro de la ciudad, con las ventajas de vivir junto a la playa, en la zona de más revalorización de Sanlúcar (2)». Otra de las grandes obras que realizó esta constructora fue el edificio conocido como "Magerit", al principio de la avenida Cerro Falón, y que dio nombre a un pub-restaurante que se convirtió en emblema de la firma, pues fue explotado por la misma empresa y constituyó toda una novedad en la ciudad por su diseño vanguardista.


Se adaptó bien la constructora sanluqueña a los nuevos tiempos de la Transición y consiguió incluso contratos de obras públicas. Una de ellas, adjudicada por el Ministerio correspondiente a través de la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes, fue la que le otorgó la construcción de varias pistas polideportivas, un campo de fútbol, piscinas, vestuarios, servicios y cerramientos en Trebujena y Tarifa, por un importe total de 19.319.384 pesetas (3). También realizó obras mediante una contrata en el Polideportivo Municipal de Sanlúcar.

EL PROYECTO DEL PARKING EN LA CALLE REGINA

Proyecto de edificio de aparcamientos (Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda, Exp. de Obras 6777/2000)

Con estos precedentes, no fue nada extraño que PYPSA afrontara ya cualquier proyecto por descabellado que pudiese parecer. Tampoco parecía amilanarse por cualquier tipo de trabas administrativas que se le pudieran poner, aun a pesar de que la legislación urbanística había cambiado tras la muerte de Franco. Una vez adquirida por la empresa la casa de los Colom, en 1979 se puso manos a la obra para llevar a cabo el gran aparcamiento. Encargaron el proyecto al arquitecto Carlos Delgado Hidalgo. Pero se encontraron con la primera dificultad: la Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico denegó la autorización para la demolición completa del palacete, ordenando que se mantuviera y se integrara la fachada en la nueva construcción. Así que procedieron a derruir todo el interior del edificio y dejaron la fachada en pie, absurda práctica que aún hoy día se mantiene en la normativa urbanística. Este contratiempo obligó a arquitecto y empresa a replantearse el proyecto. Pero no se arrugaron. Siguieron adelante, pues estaban convencidos de que la obra se podría rentabilizar rápidamente.

En una planta de solar de 453 metros cuadrados, con 21 metros lineales de fachada, el proyecto arquitectónico contemplaba la dotación de 90 plazas de aparcamiento distribuidas en un semisótano, una entreplanta y tres plantas más en altura. Todo ello estructurado con «un núcleo vertical de escaleras y un montacoches hidráulico ubicado al fondo del local, al objeto de facilitar las maniobras en el interior del edificio».

Empresa y arquitecto se comprometían en el proyecto revisado a reconstruir las partes de la fachada que hubiesen sido demolidas, además de colocar tejas árabes en la cubierta del edificio. También se obligaban a que la puerta de acceso al garaje sería de madera noble, «de iguales características a la existente en el resto de la fachada». Todo ello con un coste total de 18.042.206 de pesetas. Una vez revisado el proyecto, la Dirección General del Patrimonio autorizó la obra y el Ayuntamiento de la época, ni corto ni perezoso, una vez cumplido este requisito, se dispuso a facilitar todo lo posible la construcción del parking.

APROBACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento estaba entonces presidido por el alcalde José Luis Medina, cabeza de lista del PCE, y que gobernaba la ciudad gracias a los votos de una coalición de izquierdas en la que también se integraban el PSOE y el PSA. El delegado de Urbanismo era el propio alcalde y ante la presentación del proyecto por parte de PYPSA a fines de 1979 encargó al secretario municipal, Gonzalo Arnica, un informe técnico. En él se explicaba que las circunstancias más señaladas eran que el proyecto se enclavaba en el interior del Conjunto Histórico-Artístico, y que la Comisión Provincial y la Dirección General de Patrimonio habían ordenado que se conservara la fachada. En cuanto a los requisitos que el Plan General de Urbanismo preveía, sólo se podría autorizar la altura máxima de dos plantas y seis metros y medio, pues de otra forma sería necesario «tirar la fachada» y eso no estaba permitido. Lo más sorprendente, sin duda, es que el uso que pretendía dársele al antiguo palacete estaba contemplado «en el citado Plan General». Aún así, y para no pillarse los dedos, el técnico concluye su informe diciendo que «sería posible acceder a la concesión de la licencia, una vez se solicitara, visándose por los Colegios correspondientes los Proyectos de obras». 
 

Este fue el dictamen del secretario Arnica a fines de 1979. El proyecto se volvió a reformar en Abril del año siguiente, pero no logró el visado del Colegio de Arquitectos de Cádiz, que el 14 de Septiembre de 1979 ya había motivado su negativa «en aplicación del Artículo 223.3 de la Ley del Suelo», según el cual el proyecto del aparcamiento en la calle Regina contenía «infracciones urbanísticas graves (4)»
 
Esto tampoco importó. La Comisión Municipal Permanente, en su sesión celebrada el 20 de Enero de 1981 aprobó el proyecto del aparcamiento. La sesión, presidida por el alcalde Medina Lapieza, contó con la asistencia de los tenientes de alcalde Fernando Verdún Bautista, Luis García Garrido, Antonio Avilés, Julia Franco, Daniel León, Rafael García Raposo y Emilio Fábregas. En el punto 34 del orden del día se presentó el escrito firmado por Patricio López Muñoz, gerente de la empresa PYPSA, S.L, por el que solicitaba la licencia de obras para la construcción del aparcamiento. Pero se ocultó el hecho de que el visado colegial era negativo, que había sido denegado, pues se menciona como fecha de su otorgamiento el 14 de Septiembre de 1979, justo el día en que el Colegio consideró en su decisión que el proyecto contenía graves infracciones urbanísticas.

Aun a pesar de eso, la Comisión Municipal Permanente acordó aprobar la licencia, una vez «vistos los informes emitidos por la Unidad de Urbanismo y Obras y por la Unidad Técnica Municipal». Los dos únicos requisitos que se le pusieron al solicitante fueron que debía informar a la Corporación del inicio de las obras y que una vez finalizadas éstas debía solicitar «la correspondiente licencia de primera utilización». Curiosamente, en esta misma sesión, se deniegan licencias de obras a varios vecinos por pequeños defectos formales o por requisitos de menor importancia (5)

EPÍLOGO: SUSPENSIÓN DE PAGOS.

Pocas semanas después comenzaron las obras. El trasiego de camiones hormigoneras fue tremebundo. Las toneladas de cemento que se volcaron en el solar para levantar la estructura del parking (que aún hoy día se mantiene) fue colosal. Algunos vecinos de la zona aún recuerdan lo que sufrieron durante los meses que duró la obra. Para el verano de 1981, la empresa aún se encontraba en plenitud económica y concedió incluso un premio en las Carreras de Caballos del mes de Agosto, dotado con 60.000 pesetas. A fines de año la empresa solicitó la autorización para realizar la canalización del alcantarillado del edificio. Pero poco tiempo más duraría la actividad (6).

El 23 de Abril de 1982 el juez de primera instancia de Sanlúcar, Lorenzo del Río, mediante un edicto, da a conocer a los afectados que se estaba tramitando en su juzgado la suspensión de pagos de la empresa. También informaba que la representación de la empresa la ostentaba el procurador Constantino Pérez del Prado y que se había nombrado como interventores a José Luis de Dios Morales, Antonio Rosado Serrano y el Banco Hispano Americano de la localidad (7). 
 

El 22 de Noviembre, el mismo juez vuelve a emitir un auto por el que se comunicaba que había declarado a la empresa «en estado de suspensión de pagos e insolvencia provisional, al ser el activo superior al pasivo». Mediante la misma convocatoria se citaba a todos los acreedores «de la entidad suspensa a una Junta General». Esta Junta tendría lugar en la misma Sala de Audiencias del Juzgado en la calle de la Bolsa, el 4 de Febrero del año siguiente (8). Pero no iba a ser todo tan fácil, pues poco tiempo después el juez Del Río suspende la Junta General de Acreedores, al amparo del artículo 18 de la Ley de Suspensión de Pagos de Julio de 1922 (sí, 1922). Esta anulación tenía por objeto el llegar a un acuerdo o convenio «con la adhesión de los acreedores en forma fehaciente». Para ello se le otorgaba a la empresa un plazo de cuatro meses más (9). A fines ya de Julio de 1983, el mismo juez Del Río comunicaba a los interesados y afectados que había decidido aprobar el Convenio que esta empresa había presentado a sus acreedores, con el compromiso siguiente: «El pago íntegro de la totalidad de las deudas en tres anualidades, satisfechas a todos y cada uno de los acreedores en proporción a su créditos durante los años de mora en el pago que solicita (10)».

Aclarar si los acreedores llegaron a cobrar o no, se escapa ya al objeto de este artículo, cuyo fin no es otro que recordar y denunciar el triste aniversario de una ruina que afea gravemente una zona céntrica del casco antiguo de la ciudad. Ningún Ayuntamiento en estos treinta años ha sido capaz no ya de solucionar, sino ni siquiera de adecentar este negro baldón de nuestro urbanismo. La vieja casa de cargadores a Indias, morada durante muchos años de la familia Colom y acogedor hotel ocasional del gran compositor Turina, sigue en ruinas y su triste imagen sigue destruyendo nuestra memoria y nuestra dignidad. Se ha erigido en un permanente monumento a la pasividad y a la impasibilidad, a la incompetencia política y al descrédito empresarial.

(c) Salvador Daza Palacios, 2012 (Texto y fotografías)

NOTAS:

1-: ABC de Sevilla, 28 de Julio de 1972.
2.- ABC de Sevilla, 30 de Mayo de 1975
3.- HOJA DEL LUNES, Cádiz, 1 de Agosto de 1977.
4.- Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda: Secretaría, Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente de 1981, signaura 5094, fol. 167.
5.- Articulo 223.3 de la Ley del Suelo (RD 1346/1976, BOE 17 de Junio de 1976): “Los Colegios profesionales que tuviesen encomendado el visado de los proyectos técnicos precisos para la obtención de licencias, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y ocho, denegarán dicho visado a los que contuvieran alguna de las infracciones previstas en el artículo doscientos veintiséis punto dos..
6.- El premio “Construcciones Pypsa” lo ganó el jinete Alejandro Parias. Los otros dos premios de este segundo ciclo fueron patrocinados por el Consejo Regulador del Jerez, con 100.000 pesetas, y por el Club Náutico de Sanlúcar, con 50.000. (Crónica de E. Domínguez Lobato, ABC de Sevilla, 12 de Agosto de 1981).
7.- ABC de Madrid, 6 de Mayo de 1982.
8.- ABC de Sevilla, 23 de Diciembre de 1982.
9.- El edicto no fue publicado en ABC de Madrid hasta el 17 de Marzo de 1983, un mes y medio después de la fecha anunciada para la Junta, aunque el auto había sido firmado por el secretario judicial el 25 de Enero.
10.- ABC de Sevilla, viernes 19 de Agosto de 1983.

martes, 4 de septiembre de 2012

UN ESPANTOSO CRIMEN EN LA ALGAIDA (1894)

UN EX-PRESIDIARIO FUE ASESINADO POR UN GUARDIA MUNICIPAL (1)


En la mañana del día 30 de Octubre de 1894, en el monte Algaida, término municipal de Sanlúcar de Barrameda, un obrero empleado en la tala de los pinos encontró, en una zona conocida como Navacetes de España y en el lugar concreto llamado Ribete de Guavamal, entre grandes matas de sabina y arrayán, el cadáver de un hombre en plena putrefacción (2). El cuerpo estaba casi irreconocible pues estaba destruido en parte, el pie derecho desprendido de la pierna, la mano izquierda seccionada por efecto, al parecer, de un instrumento contundente, con equimosis generalizadas de golpes recibidos, quemadas algunas partes de sus ropas, carbonizada la cavidad abdominal... En fin, todo ofrecía el aspecto de haber sufrido una muerte violenta, ocurrida hacia ya algún tiempo, y cuyas huellas se habían tratado de borrar con fuego.

Dado el estado que presentaba el cuerpo todo parecía indicar que se trataba de un horroroso crimen dado el estado de malformación que presentaba el cuerpo. El cadáver pertenecía a un varón, de unos cuarenta y cinco años de edad. Inmediatamente se dio aviso a la Guardia civil que a su vez lo comunicó al juzgado de instrucción para que realizara las diligencias y averiguaciones correspondientes.

El pinar de La Algaida tenía en 1894 mucha mayor extensión que en la actualidad pues aún no se había realizado la colonización agrícola.
Se personó el juez en el lugar del hallazgo acompañado del médico forense, quien comprobó que el muerto tenía parte de la cabeza y las costillas carbonizadas y que, además, le habían cortado las manos, los pies, las piernas y tenía los brazos separados del tronco. Una auténtica carnicería. Por el estado de putrefacción que presentaba, el médico estimó que había fallecido hacía unos tres meses.

Las primeras indagaciones sobre el terreno indujeron a pensar al juez que el finado había sido asesinado en un lugar diferente al que fue encontrado, pues no existían huellas que probaran que allí se hubiera producido la descomposición del cuerpo. Se suponía que lo habían llevado hasta allí después de varios días para que así el hedor del cadáver no delatase a sus autores.

En cuanto a la vestimenta, los primeros exámenes hicieron pensar en que, a pesar del mal estado de sus ropas, el muerto vestía decentemente y llevaba puesto incluso un sombrero que en su parte posterior tenía huellas de una perdigonada que llegaba hasta la cabeza. También se le hallaron en el cuerpo, en la cabeza y el esternón, las dos balas que le causaron la muerte

La Guardia civil comenzó inmediatamente a practicar activas gestiones para esclarecer el misterioso crimen que había levantado una gran expectación en Sanlúcar y que estaba dando lugar a todo tipo de conjeturas. Los medios de comunicación nacionales enseguida se hicieron eco de la cruel noticia y barajaban rumores populares sobre lo ocurrido. De hecho, por las circunstancias que concurrían en el hallazgo, la opinión pública creyó en un principio que los autores del crimen quedarían envueltos en el misterio y jamás aparecerían. También se llegó a especular con la idea de que en estaban implicados algunas autoridades y personajes políticos muy conocidos en Sanlúcar.

Las diferencias en las informaciones eran notables. Para unos, al cadáver también le habían arrancado los ojos. Para otros, sólo llevaba un mes muerto. Para los de más allá, el difunto tenía nada más que cuarenta años.

Tras una semana de auténtica expectación, la prensa nacional informó de que la Guardia civil había detenido y encarcelado a los autores y cómplices del crimen. Todos los indicios acusaban a dos guardias municipales llamados José Velázquez y Manuel Romero, y, aunque no se pudo confirmar en un principio, se rumoreaba que estaba implicado también el comandante de la guardia municipal, Tomás Ceballos Caraballo, que parece que había sido también detenido y encarcelado. Otro de los resultados de la investigación judicial fue el conocer la identidad de la víctima: se trataba de un ex-presidiario conocido como “Perillo”, natural de Lebrija, y que había sido detenido una horas antes de su misteriosa muerte por orden del propio comandante.

UN AÑO DESPUES COMIENZA EL JUICIO EN LA AUDIENCIA DE CÁDIZ.

Nada más se supo del caso hasta un año después, cuando se anunció en la prensa provincial –y luego en la nacional– que el 21 de Noviembre de 1895 iba a comenzar, en la sección tercera de la Audiencia de Cádiz, el juicio contra los acusados de la muerte violenta de Manuel Pérez Castellano, alias Perillo. La sentencia del caso estaría en manos de un jurado popular compuesto casi en su totalidad por vecinos de Sanlúcar(3).

El diario La Iberia de Madrid fue uno de los más activos e interesados en recoger todas las noticias que rodeaban al caso. Resumió lo conocido hasta el momento y aseguró que la justicia y la guardia civil habían trabajado mucho para esclarecer «las sombras en que el crimen quedó envuelto». Se había conseguido precisar los motivos de la muerte, que había sido violenta, tras diversos golpes y fracturas de huesos. Hubo también un disparo de perdigones y por último un intento de quemar el cadáver.

En otros informes, los facultativos manifestaron que la sección de la mano izquierda debió ser producida con instrumento corto, contundente, de gran peso, sin que pudieran concretar si tales cortes se verificaron cuando aún Perillo estaba vivo. Las demás mutilaciones del cadáver, así como su intento de cremación se produjeron cuando ya éste había entrado en el período de putrefacción.

Según los informes recabados por la Guardia civil, Manuel Pérez Castellano, Perillo, era un hombre de malísimos antecedentes, pues era conocido como ladrón desde muy joven, además de homicida y presidiario, según los informes suministrados por el alcalde de su ciudad natal, Lebrija.

Resultó probado igualmente que Perillo había sido condenado por la Audiencia de Sevilla en una causa por atentado a los agentes de la autoridad de Lebrija. Y ya desde entonces había amenazado con vengarse de éstos, entre los que se encontraba José María Velázquez Romero, guardia municipal de Sanlúcar de Barrameda. Es de suponer que Velázquez se trasladó a esta última ciudad desde Lebrija para alejarse del peligro que conllevaba aquélla amenaza.

Parece ser que Perillo cumplió su sentencia de cárcel, y el 22 de Agosto, cuatro días antes del día de autos, Velázquez y su mujer tuvieron noticias de que el ex-presidiario había llegado a Sanlúcar con el propósito de matarle. Al escuchar ésto, la mujer acudió entonces, temerosa, a dar aviso de lo que ocurría y a pedir protección para su marido al comandante de los municipales, el citado Tomás Ceballos. Velázquez, irritado y receloso, afirmaba que si llegaba a encontrarse con Manuel Pérez, Perillo, dispararía contra éste todos los tiros de su revólver antes que el ex-presidiario le intentara atacar.

Deseoso el comandante Ceballos de evitar disgustos y desgracias, acordó que sus subordinados detuvieran a Perillo. Así lo efectuaron el cabo Manuel García Gutiérrez y el repetido Velázquez, al encontrárselo borracho, como a las once de la noche, cerca de la estación del tranvía. Tras esto lo condujeron a la prevención municipal y le dieron parte a Ceballos. Seguidamente, éste dio cuenta de lo acaecido al alcalde, quien no encontró «hechos materiales que corregir y sólo males que prevenir». El primer edil ordenó al comandante que luego que se serenase algo Manuel Pérez, se le pusiera en libertad, se le reprendiese y se le indicara «la conveniencia de que abandonase la población».

Pero Ceballos, faltando ya a la ley y obrando con incomprensible imprudencia, ordenó al guarda Manuel Romero y a Velázquez que le esperasen a las dos de la madrugada en el sitio llamado La Gallarda para expulsar del pueblo al Perillo. Así que entre Ceballos y el cabo Manuel García le sacaron de la celda, atado con una cuerda, y se encaminaron, montados a caballo, hacia las afueras de Sanlúcar, propinándole algunos golpes por el camino, a pesar de que Perillo, «por ser quebrado, se quejaba de que se le salían las tripas». Cuando llegaron a La Gallarda, se lo entregaron a los guardias Romero y Velázquez, que estaban allí esperando. Entonces Ceballos les ordenó que lo condujeran y expulsasen fuera del término municipal. Tras esto, Ceballos y García se marcharon hacia el pueblo, sin que se hubiera aclarado durante la instrucción del sumario si tenían sospechas de que Velázquez tuviera algún propósito de vengarse de manera violenta de Manuel Pérez Castellano.

Los guardias Velázquez y Romero se hicieron cargo del preso y continuaron en dirección al Cortijo de la Fuente, entrando en la dehesa de la Algaida. Por el camino siguieron propinándole golpes a Perillo, porque se quejaba nuevamente de la hernia y decía que se le salían las tripas y no podía andar. Así que Velázquez le montó en su caballo y con él se internaron en la finca. Era ya casi el amanecer del 27 de Agosto.

Por las equimosis encontradas en el cuerpo de la víctima se comprobó que Velázquez le había golpeado varias veces con el sable. Tras este continuo maltrato, disparó sobre Perillo los tiros de su revólver, y también los dos de la pistola de su compañero García, a quien en aquel mismo instante se la pidió y de quien en tal momento la recibió sin oposición alguna, causando de este modo la inmediata muerte del desgraciado Manuel Pérez. Después, sin duda, pretendieron quemar el cuerpo para borrar las huellas del delito y ambos guardias se volvieron a la ciudad, diciéndole a Ceballos que habían cumplido su comisión y guardando silencio absoluto sobre su criminal conducta.

SE INICIA EL JUICIO ORAL

A la una de la tarde empezaron en la Audiencia de Cádiz las sesiones del juicio oral contra los acusados del crimen. Ante numeroso público, se constituyó el tribunal, bajo la presidencia del Sr. Nogueras, con la asistencia del fiscal, Primitivo González de Alba, y los abogados defensores de los procesados, Rafael de la Viesca (ex-diputado), Antonio Camacho del Rivero, José Jiménez Mena y José Luque Beas, todos de una gran reputación jurídica. Se procedió después al sorteo de los miembros del Jurado. Junto al banquillo de los acusados dos guardias civiles hacían escolta. García y Ceballos disfrutaban de libertad provisional pero los otros dos habían permanecido en prisión preventiva.

El abogado y diputado gaditano Rafael de la Viesca (1861-1908) defendió al principal acusado del crimen

Una vez leídos los escritos de calificación y conclusiones, en cuya operación se invirtió bastante tiempo, se declaró abierto el período de prueba, precediéndose al interrogatorio de los procesados. En su primera acusación, el fiscal solicitaba la pena de muerte para Velázquez y Romero, y cinco años de destierro para el comandante y el cabo.

Declaran los guardias José María Velázquez y Manuel Romero.

Velázquez era el principal acusado. Era natural de Lebrija al igual que la víctima. Durante su testimonio ante el jurado se retractó de varias declaraciones suyas hechas durante la instrucción del sumario. A preguntas del fiscal manifestó que no tenía resentimientos con Perillo, pero éste sí con él. Y que por orden del comandante de los municipales detuvo a Perillo, le registró y le encontró una navaja. Después lo dejó en la prevención.

Serían las doce de la noche cuando se dirigió al Pago de la Gallarda. Iba a caballo y llevaba, como de costumbre, una tercerola, un revólver y un sable. El Perillo llegó dos horas después con García y Romero. Se quejaba de que le habían pegado y de que le molestaba mucho una hernia. José María Velázquez reconstruyó los hechos diciendo que llegaron a La Gallarda sin saber a quien iban a expulsar del pueblo. Cuando llegó allí se encontró con que era Perillo pero hizo propósito de no meterse con él «para no perder a sus hijos». Así que, junto con su compañero, se hicieron cargo del Perillo; le preguntó que adónde quería ir y le dijo que a ver a su familia (a Lebrija). Uno de los pasajes del interrogatorio del fiscal fue el siguiente:

Velázquez: Como me dijo que iba cansado le hice subir a mi caballo y al poco rato se tiró de él, cogiéndome el sable y haciéndome un corte en un brazo. Saqué mi pistola y disparé, y así lo ha declarado Romero.
       El fiscal: Lo que digan otros no tiene usted que mencionarlo; hable usted por sí solo.
Velázquez: Le seguí y le tiré en el sitio Navacete de España y lo dejé muerto. Quise ocultar que le había matado, y le dije a Romero que me diera una pistola con objeto de simular un suicidio. Romero me dijo que no, que declarase la verdad.
       —¿Y por qué no lo hizo?
       —Porque no me quería comprometer, y tampoco a gente de Sanlúcar.
       —¿Qué hizo con la pistola de Romero?
       —La disparé al aire para dejarla junto al cadáver.
¿Se quejó el Perillo al recibir el tiro o los tiros? En el cadáver no sé si sabrá que presentó más heridas de arma de fuego.
       —No, señor.
       —¿Llevaba Romero escopeta?  
       —Sí, pero descargada.

El otro guardia Manuel Romero Peña, por su parte, era el principal cómplice del crimen. Era más joven que su compañero Velázquez y declaró que a las dos de la madrugada recibió la orden de llevar fuera del pueblo a Perillo. Se dirigió solo a La Gallarda, y al llegar al paso nivel [del tren] se encontró a Velázquez y a Ceballos con el Perillo, a quien veía por primera vez. Le montó a caballo y cogió la cuerda que maniataba al Perillo. Después montó Velázquez en su caballo a Perillo y se adelantaron, quedándose atrás el declarante. Y a una distancia de unos doscientos metros oyó algunos disparos y, cuando llegó, se encontró con que Velázquez había matado a Perillo.

Declaración del comandante Tomás Ceballos y los médicos.

        El fiscal: Refiera usted su intervención en el desagradable hecho.
Tomás Ceballos: Vino la mujer de Velázquez denunciando que Perillo había llegado para matar a su esposo. A la noche vi a Velázquez y le recomendé que no se comprometiera por ser padre de familia. Velázquez me contestó que era una bajeza hacerle algo al Perillo y que nada le haría. Después me avisaron en el teatro que el Perillo estaba embriagado y con una navaja. Di orden de prenderlo y en la casilla le reconvine que no hiciese nada. Después yo quise llevarlo al paso de la Gallarda para que después los guardias lo sacaran del pueblo.
        El fiscal: ¿Lo maltrataron ustedes?
        —No, señor.
        —¿Usted recibió órdenes superiores de sacarlo fuera del pueblo?
        —No, señor.
        —¿Cuándo supo usted la muerte del Perillo?
Yo no supe nada hasta que estuve en la cárcel. Velázquez había regresado y me dijo que se había realizado el servicio sin novedad.

Tras esta declaración, entraron la sala los médicos sanluqueños José López Ballesteros y José Gómez, quienes habían intervenido en el examen forense del cuerpo hallado en la Algaida.

A preguntas del fiscal manifestaron «que el cadáver se hallaba seccionado por la articulación de la última vértebra lumbar con la primera sacra; decúbito dorsal, y en dirección de Oeste a Este, la cabeza, tronco y extremidades superiores, y en dirección diametralmente opuesta se encontraba la pelvis y extremos interiores, y adoptando el mismo decúbito; el pie y pierna derecha debajo del tronco, y el pie izquierdo completamente separado de la pierna por la articulación tibio tarsiana, separación que entienden se debía sin duda alguna a los progresos de la putrefacción y algún movimiento de tracción verificado en fecha reciente. Este, pie, contenido dentro de la bota, estaba envuelto en un trozo de tela cuadrada, al parecer un pañuelo, donde se notaban vestigios de sangre. El otro, que se encontraba igualmente envuelto en un trapo y contenido en su bota: la mano izquierda estaba separada del antebrazo correspondiente por los extremos interiores del cúbito y del radio, los cuales se hallaban seccionados al parecer por un instrumento contundente y las partes blandas parecían separadas por arrancamiento».

            Fiscal: De manera, ¿que hubo violencia y traslación del cadáver?
            Médicos: Indudablemente.
            —¿Cómo debió ser agredido?
—Dada la dirección de las heridas, por la espalda. Respecto a la perdigonada en el sombrero, no se notó ningún vestigio en la cabeza.
            —¿La herida del pecho sería instantánea?
            —Sin duda.
          —¿Creen ustedes que con esa herida, atravesado el pecho, pudiera haber agredido a alguien    con un sable?
          —Lo creemos difícil.
          —¿Imposible, no?
          Muy difícil.

Ninguno de los dos facultativos achacó a animales carnívoros el hecho de que las partes blandas del cadáver estuvieran separadas, porque hubieran dejado señales visibles. También aclararon que el cadáver fue doblado para envolverlo y poder transportarlo, ocultando el bulto.

Con la declaración de los médicos terminó la primera sesión del juicio.

Segunda sesión: declaran los testigos.

La segunda sesión fue destinada al examen de los testigos, desfilando en primer lugar los de la acusación. El primero en comparecer fue el ex-alcalde y vinatero de Sanlúcar, José Hontoria García, que ejercía el cargo cuando se produjeron los hechos.

          El fiscal: Sírvase referir el testigo su conducta, como autoridad, en este proceso.
            José Hontoria: Se me acercó Ceballos dándome parte de la detención del Perillo, persona de malísimos antecedentes. Dispuse que lo sacaran del pueblo. Regresó Ceballos y me dijo que se había cumplido el servicio.
             —¿Conoció usted lo ocurrido en la Algaida?
             —Después; tarde.
             —¿Se hace en el pueblo siempre lo mismo con los sospechosos?
             —Es una costumbre antigua.
            Sr. Luque (abogado): ¿Le denunciaron a usted cuando era alcalde que hubiese sido maltratado el Perillo?
          José Hontoria: Nada; si lo hubiera sabido, habría cumplido con mi deber.
            ¿A los domiciliados se les echaba del pueblo?
            — No; sólo a los vagabundos y sospechosos.

En estos mismos términos se expresó Antonio Herrera Pérez que también fue alcalde de Sanlúcar, quien ratificó la antigua costumbre que existía en Sanlúcar de echar fuera del pueblo a los sospechosos.

Tras los políticos desfilaron ante el tribunal del jurado el guardia municipal Joaquín Obregón de las Casas, compañero del acusado, que aseguró que Perillo había ido tres veces a buscar a Velázquez con intención de matarle. Tras él, compareció el guarda rural Francisco Ruiz Díaz:

              El fiscal: ¿Conoce usted el sitio donde encontraron el cadáver? ¿Era transitable?
              Guarda Francisco Ruiz: Sólo por los cazadores.
              —¿Usted lo frecuentaba como guarda mayor de la Algaida?
              —No era practicable el terreno.
             El Sr. Viesca (abogado): En el mes de Agosto ¿no había en la Algaida unos pinaleros?
           Guarda Francisco Ruiz: Sí, señor. Eran dos cortas (pasaban de quince).
             —¿Vivían muy distantes del sitio donde se encontró el cadáver?
             —Como a unos 400 metros.
             —Los guardas de la Algaida, ¿no viven allí con su familia?
             —Sí, señor.

El vecino de la Algaida Juan García había sido quien había localizado el cadáver putrefacto del “Perillo”. También conocía de vista a los procesados.

            El fiscal: Quisiera que explicara usted cómo encontró el cadáver.
Juan García: Se lo diré a usted muy pronto. Faltó a uno de mis muchachos un cabo de un hacha; estábamos haciendo carbón. Nos colocamos en un ribete, y el chiquillo dijo: “Ahí hay, en una mata, una ternera... no, es una zorra”, y después dijo que era un hombre. Le mandé avisar al amo. Era un terreno muy apretao, lleno de malezas. Al cadáver le faltaba una mano. Porque de noche pueden ir zorros y animales montaraces a aquel sitio.

El Sr. Viesca: ¿Usted vio un animal colgado en la misma mata donde se encontró el cadáver?
            Juan García: Sí, señor.
            –¿Cuántos jornaleros había en la Algaida el mes de Agosto?
            – Veintinueve familias.
            – ¿Distantes del sitio donde se halló el cadáver?
            – Más de una legua.
            – ¿Pero repartidos y viviendo?
            – Sí, señor.

Comparece a continuación José Castellanos, vecino de Lebrija, de oficio pescador. Era tío del Perillo y conocía al acusado Velázquez por ser de su pueblo.

             El fiscal: ¿Es cierto que en Lebrija, por una costumbre deplorable, la guardia municipal apalea a los vecinos, lo cual ha motivado quejas superiores?
              José Castellanos: No, no lo sé.
              —¿Es cierto que a Perillo lo apalearon varias veces?
              —Sí, señor.
              —¿Por qué?
              —Porque no era muy bueno.
             —¿Sabe usted que Velázquez declaró en Sevilla en una causa contra su sobrino por atentado?
        —Sí, señor; lo oí decir a las gentes; y que había amenazado a Velázquez.
              El Sr. Viesca (abogado): ¿Usted es tío carnal de Perillo?
             José Castellanos: Sí; era hijo de una hermana mía; le conocía desde niño.
              —¿Qué antecedentes tenía Perillo?
              —Desde que mi hermana lo echó al mundo empezó a hacer daño. 
(Rumores y risas del público. Interviene el presidente del tribunal ordenando silencio)
              —¿El padre de Perillo de qué murió?
              —De diez o doce balazos que le pegó la Guardia civil
(Nuevos rumores y risas del público)
                El presidente del tribunal: ¡Orden! ¡Esto no es una plaza de toros!
                El Sr. Viesca: ¿De qué murió la abuela de Perillo? ¿No fue de que intentó éste envenenarla?
                José Castellanos: No, eso fue a mí. (Más rumores.)
               —Diga lo que sepa,
               —Estábamos en una choza; íbamos a cenar y me encontré con que Perillo había echado a la olla fósforos; todo porque yo le había reñido para que fuese bueno.
              —Ahora más reciente, cuando vino de presidio el año pasado ¿no lo vio a usted?
              —Sí, señor.
           
           El fiscal: ¿A usted no le ofrecieron que se mostrase parte en la causa?
           —No comprendo, no sé lo que usted me pregunta,
           —¿Usted es tío del Perillo de verdad?
           —Sí, señor.
           —¿No le dijeron en el Juzgado que si quería mostrarse parte?
           —No comprendo.
           El presidente: Retírese, puesto que no comprende.

Otro de los tíos de Perillo era un hermano del anterior, también marinero, llamado Benito Castellanos, que declara a petición de las defensas. Dijo que tenía la plena sospecha de que Velázquez se vino desde Lebrija para Sanlúcar con la intención de matar a Velázquez. Confirmó su maldad como persona, pues maltrataba a sus hijos y tenía atemorizada al resto de la familia. 
 
La antigua sede de la Audiencia Provincial de Cádiz, en el barrio de la Viña, donde tuvo lugar el juicio oral.

Desfilan después ante el Jurado varios vecinos de Lebrija, que se limitan a afirmar que Perillo era un hombre de malos antecedentes y que Velázquez era un hombre de buen comportamiento. Entre ellos destacaron por sus testimonios los empleados municipales Pedro Víctor Camón y José Andrade, así como el presbítero Juan Pedro Vidal, de unos 60 años. Un hombre «de convicciones políticas que viste con decencia», según los cronistas de la prensa. Ante las preguntas del abogado Viesca, confirmó que Perillo «reunía todas las condiciones malas: instintos perversos y depravados». Y lo sabía porque le conocía desde que tenía diez años. Aseguró también que el propio Perillo le había manifestado cuando salió de cumplir su condena que iba a Sanlúcar a matar a Velázquez.

              Sr. Viesca (abogado): ¿Qué impresión se produjo en Lebrija cuando se supo la muerte?
               Juan Pedro Vidal: Como un bien que se producía a la humanidad.

En el mismo sentido se manifestó Manuel Romero, industrial y juez suplente de Lebrija.

          Sr. Viesca (abogado): ¿Cuando se supo la muerte, lo sintió el vecindario? ¿Lo sintió su familia?
               Manuel Romero: Todo lo contrario; fue un día de júbilo para todo Lebrija.

El alcalde de Lebrija, Ricardo de la Cuesta, también contribuyó a denigrar el nombre y la fama de la víctima, pues llegó incluso a manifestar ante el tribunal que el día que mataron al Perillo «debían haber cantado un Tedeum», lo que provocó la risa general entre el público. Por contra, dijo que el guardia Velázquez era «un empleado modelo». Poco le faltó para proclamarlo como un héroe por haberse cargado a un sujeto tan detestable. Y si no lo hizo no sería por que no lo pensara, sino por no inculpar aun más al acusado.

Baldomero Díaz, guarda mayor de la Algaida, presta declaración para relatar que había encontrado unos huesos humanos en la zona y que los enterró en un lugar próximo al sitio donde se encontró el cadáver, dándole conocimiento al juez.

Otros testigos intentaron avalar el buen comportamiento con los detenidos de los guardias municipales a los nunca maltrataban, según ellos. Así lo afirmaron los serenos José Palomino, Romero Caraballo y el guardia José Vidal López, que había estrado procesado por lesiones pero había sido absuelto.

Terminada la prueba testifical, se dio lectura a la documental, suspendiéndose el juicio por manifestar el fiscal que iba a modificar sus conclusiones. A la vista de las declaraciones realizadas y de que las pruebas presentadas eran favorables a los reos, el ministerio público renunció a solicitar la pena de muerte al desaparecer la agravante contra el acusado principal. También se proponía retirar la acusación contra el segundo jefe de los municipales.

TERCERA SESIÓN

La tercera sesión comenzó con la lectura de las conclusiones definitivas del fiscal. Primitivo González del Alba, que así se llamaba quien ejercía la acusación pública, realizó un discurso «correctísimo y fácil de palabra, fue un modelo de oración forense; analizó cuidadosamente los hechos, sin olvidar detalle, para venir a justificar las grandes penas que en sus conclusiones solicita». Mantenía el relato de los hechos y seguía atribuyendo a cada uno de los procesados la misma participación en el crimen. En la cuarta de sus conclusiones apreciaba la circunstancia de que los culpables se habían valido de su calidad de agentes de la autoridad para cometer su asesinato. Según el fiscal, los hechos constituyen los delitos de asesinato de Manuel Pérez Castellano, cualificado como alevosía al matarle hallándose preso, enfermo e indefenso. También eran culpables por obligar forzosamente a un ciudadano a cambiar de residencia, no hallándose en suspenso las garantías constitucionales.

Teniendo en cuenta determinadas circunstancias, agravantes y atenuantes en los procesados, el fiscal solicitó la pena de cadena perpetua para José María Velázquez Romero. Otra de doce años y un día para Manuel Romero Peña. Y para el cabo de los municipales, Manuel García Gutiérrez, cinco años de destierro y multa de 250 pesetas, y para el comandante, Tomás Ceballos Caraballo, cuatro años de igual destierro e igual multa de 250 pesetas.

Los letrados defensores (Viesca, Jiménez Mena y Luque) por su parte, mantuvieron su criterio de que la muerte había sido ejecutada en defensa propia, en el caso de Velázquez. Y que, en el caso de su compañero Romero, había entregado la pistola a Velázquez después de que Perillo había muerto. En cuanto al comandante y al cabo de los municipales, los defensores solicitaron la libre absolución, por que «los hechos ejecutados por ellos no constituían el menor delito». Todos defendieron pues la inocencia de sus clientes.

Sentencia absolutoria. Reacciones.

Hecho el resumen de las pruebas por el presidente del Tribunal, los jurados se retiraron a deliberar. Después de una larga discusión, el Tribunal se volvió a constituir para dar lectura al veredicto. Las preguntas que los magistrados sometieron a la decisión del Jurado fueron 20, y éste las contestó en sentido favorable a los procesados, estimando respecto a Velázquez la eximente de la legítima defensa, y la inculpabilidad de los otros dos procesados.

En vista de ello, y después de oído el fiscal y las defensas, el Tribunal dictó sentencia absolutoria, siendo puestos inmediatamente en libertad los cuatro procesados.

Según la prensa provincial, el fallo fue bien recibido por la opinión pública. Pero no fue así por los columnistas de Madrid, que criticaron la actuación de la Justicia y su lenidad en este caso y en otro que se juzgó dos semanas después con motivo del que fue conocido como “El crimen de Benaocaz”. Al finalizar la vista de este otro célebre proceso el Jurado volvió a emitir un nuevo veredicto de inculpabilidad, y los siete individuos que pocos días antes aparecían como terribles forajidos, obtuvieron «su patente de hombres honrados».

Según la prensa madrileña, «en el espacio de quince días el Tribunal popular de Cádiz ha puesto en la calle a diez individuos, para los cuales el fiscal pidió hasta el último momento la imposición de penas gravísimas. Nos referimos a los tres procesados por el crimen de la Algaida y a los siete de éste de Benaocaz». Cuestiona el articulista el funcionamiento del jurado pues las pruebas practicadas en ambos juicios no justificaban plenamente los dos veredictos absolutorios. También carga las tintas contra la fiscalía:

«Al señor fiscal del Supremo nos dirigimos; llame a sí esos procesos, en virtud de las atribuciones que la ley le concede, inspecciónelos y saque de él las consecuencias que los hechos le sugieran, porque, una de dos, o el personal del Ministerio fiscal en la Audiencia de Cádiz es incompetente, cosa que desde luego negamos, o hay que poner una cortapisa a los desmanes del Jurado».


NOTAS:

1.- Diarios consultados: La Correspondencia de España, Madrid, jueves 1, 8 de Noviembre de 1894, 21 de Noviembre de 1895 (Corresponsal, Enciso). El País, Madrid, 2 de Noviembre de 1894 (Corresponsal, Mencheta). Diario de Cádiz, y El Día (Madrid), martes, 8 de Noviembre de 1894 (Corresponsal, Enciso). La Unión Católica, 9 de Noviembre de 1894. La Iberia, Madrid, 20, 24, 25, 26 de Noviembre y 10 de Diciembre de 1895. El Liberal, 21 de Noviembre de 1895 (Corresponsal, Zaldúa). El Imparcial, Madrid, viernes, 22 de Noviembre de 1895 (Corresponsal, Quero). El Guadalete, Jerez de la Frontera, 21, 22 y 23 de Noviembre de 1895.
2.- Hay que hacer constar que hasta 1906 no se comenzó la colonización y explotación agrícola de la Algaida, cuyo núcleo fue inaugurado en 1914. Por lo tanto, en 1894 cuando ocurre este crimen, el bosque de pinos ocupaba mucha más extensión. Esto explica también que los nombres originales de las zonas que aquí se mencionan hayan también desaparecido.
3.- Antonio Amérigo González es el presidente. Jurados: Manuel España Bonado; José Moreno Jiménez (recusado por el Sr. Viesca); José García (recusado) Miguel Valera Mateos; Manuel Alvarado (es recusado); Mariano Muñoz (idem); Joaquín Marques (idem); Domingo Pérez Marín (idem); Antonio Caballero Ruiz; Diego de la T. Caro (recusado); José Vargas (idem); Andrés Muñoz (ídem); Manuel Ortega Camacho (idem); Vicente Romero (idem); Joaquín Conde Pulido, Cayetano Roldán Pérez (recusado); Pablo Diego Pila; Antonio Ramos Benítez (recusado); Joaquín Repeto Matías (ídem); Vicente Fernández y Fernández (idem); Miguel Alarcón Oliva; José Castro Lorente; Juan del Prado Ruiz (recusado); Guillermo Sánchez Mellado; Florencio Romero (recusado); Francisco González Ramos y José Sevilla Pinto.