IMÁGENES RELIGIOSAS EN LA VIA PUBLICA (Apunte histórico)

No deja de ser curioso que hayan existido corporaciones municipales con ideas mucho más claras que las actuales en cuanto a la separación Iglesia-Estado y en cuanto a la desacralización del espacio público, que no puede ser patrimonio de ninguna confesión religiosa, pues pertenece a todos, sean religiosos o no. En nuestra ciudad, en una fecha tan temprana como 1868, y como fruto de la Revolución de ese mismo año, la Junta Municipal que tomó posesión del poder local, acordó que se comunicara al arcipreste «que en el término de ocho días» se recogieran «en las Iglesias todas las imágenes y retablos» que estuvieran «colocados en sitios públicos y no se le conozcan dueños». Y que las que fueran «de propiedad particular se depositen en los templos, o la trasladen al interior de sus casas, para lo cual deberá ponerse de acuerdo la autoridad con el expresado señor Arcipreste».

Por supuesto que la Iglesia se resistió a estas medidas y el Ayuntamiento se vio obligado a repetir las instrucciones oportunas, reiterando su postura, y volviendo a otorgar un nuevo plazo de ocho días para que se retirasen las imágenes y las cruces cristianas, concretando su queja en concreto contra las Hermandades del Rocío y del Carmen, que no habían cumplido sus órdenes.

Para llevar a cabo este mandato se nombró al regidor Francisco Javier Matheu.  Este concejal fue fundador (junto con Gerónimo Angulo) y primer presidente del “Círculo Liberal”, una entidad que se proponía «difundir la instrucción entre las clases trabajadoras y estrechar los lazos de amistad que deben existir entre los amantes de la libertad y del progreso». Para ello se propuso, entre otros objetivos, la creación de una Escuela de Adultos y una Biblioteca pública. Matheu tendría la difícil misión de convencer a las poderosas fuerzas eclesiásticas que debían cumplir lo ordenado por el Ayuntamiento, pues la supremacía del poder civil era ya un avance irrenunciable en una España que intentaba romper amarras con el pasado. El laicismo de los administradores públicos daría la oportunidad de conseguir una justa neutralidad en asuntos de tanta trascendencia ideológica, pero tras la fallida primera experiencia republicana de 1873, todo quedó en nada, pues las fuerzas ultras volverían a conseguir que la constitución de 1876 declarara a la religión católica como la única oficial del Estado. Se volvía de nuevo a la escuela confesional y se regresaba al Antiguo Régimen.

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DOCUMENTACION:
(Fuente: Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda: Actas municipales de 1868, sesión 16 de Octubre, ff. 121-122 y sesión de 17 de Noviembre, ff. 144 y ss)