La noche del 4 al 5 de junio de
1934, en Sanlúcar de Barrameda, el joven carabinero Antonio Antón Martín, de 21
años, que iba de regreso hacia su casa tras haber prestado servicio, fue
atracado por cinco individuos en el camino del Cabo Noval. Los atracadores le
sujetaron y le arrebataron la pistola. El
atracado intentó defenderse y esta resistencia hizo que a uno de los agresores,
de gatillo fácil, se le disparase el arma, haciendo fuego contra el carabinero, que cayó herido. Los atacantes
huyeron[1].
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| El Cabo Noval, cuando era casi todo terreno agrícola |
Una mujer que presenció el suceso
avisó al cuartel de Carabineros, de donde salieron algunos números, que
recogieron al herido y lo trasladaron a
la clínica de la Cruz Roja, mientras otros comenzaron la búsqueda de los
agresores. Al carabinero se le apreció una herida por arma de fuego en la
región dorsal izquierda, sin orificio de salida, con síntomas de hemorragia
interna, de carácter gravísimo. Poco después falleció. La victima de este
suceso era una persona muy estimada por sus buenas cualidades humanas y
profesionales. Se daba la circunstancia de que Antón Martín se había examinado
ese mismo día del cuarto curso de Bachillerato, obteniendo la calificación de
“sobresaliente”.
Este era el quinto atentado que
se registraba en la localidad contra funcionarios armados a quienes los
atracadores arrebataron las pistolas. El orden público en España estaba dando
muchos quebraderos de cabeza al Gobierno de la República, pues no paraban de
producirse altercados y agresiones en todas las regiones del país[2],
desembocando todo ello, meses más tarde, en la tristemente célebre “Revolución
de Asturias”, que tuvo lugar en octubre de este mismo año.
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| El antiguo cuartel de Carabineros en Bonanza |
La madre del infortunado
carabinero llegó a Sanlúcar procedente de Torrevieja (Alicante). Cuando vio el
cadáver de su hijo se produjo «una desgarradora escena». El cuerpo había sido
trasladado desde el Hospital hasta el cementerio, quedando depositado en el
departamento anatómico para poder realizarle la autopsia, tras la cual se
procedería a su sepultura.
El entierro de la víctima
El 6 de junio se verificó el
entierro del carabinero asesinado. Al acto fúnebre, según la prensa, asistieron
más de 5.000 personas. Y muchos establecimientos públicos cerraron en señal de
duelo[3].
La ceremonia fue presidida por el alcalde sanluqueño, que ostentaba la
representación delegada del gobernador civil de la provincia. Todos los
familiares del fallecido acompañaron el féretro en un impresionante clima de
dolor y rabia. Oficiales de Carabineros de las comandancias de las provincias
de Sevilla, Huelva y Cádiz acompañaron a otras autoridades locales en el
sepelio.
Para el ABC de Sevilla (6 de
junio de 1934) los asistentes al entierro fueron solo 2.000 personas. También
informó que el juez de Instrucción había practicado las primeras diligencias
mientras no llegaba a la ciudad para hacerse cargo de las mismas el Juzgado
militar. Las detenciones practicadas habían sido «más de veinte» y no sesenta,
pero no había aún la más mínima pista sobre los criminales.
Todo el comercio, según el diario
sevillano, había cerrado en señal de protesta. El traslado del cadáver había
constituido una imponente manifestación de condolencia. La Unión Comercial, el
Centro Mercantil e Industrial, el Sindicato de Exportadores de Vino, la
Asociación de Cosecheros, la Asociación de Propietarios de Viñas, la Agrupación
Local Independiente, el Casino Sanluqueño y otras asociaciones y particulares
habían enviado telegramas de protesta al Gobierno por el asesinato.
Mientras tanto, las
investigaciones para averiguar quiénes habían sido los culpables no cesaban. Se
efectuaron decenas de detenciones de sospechosos, entre los que se confiaba
encontrar a quien diera alguna pista para el esclarecimiento de los hechos
ocurridos.
Cinco días tardó la Guardia civil
en capturar a cinco individuos que aparecieron como los más sospechosos de ser
los integrantes de la banda de pistoleros que asesinaron al carabinero[4].
Ello se había debido a la declaración prestada por un muchacho de catorce años,
llamado Francisco Domínguez, quien, momentos antes de la agresión, vio a tales
individuos apostados tras los árboles del Cabo Noval. Dio la casualidad que
conocía a uno de ellos, que resultó ser Manuel Robles Montaño, alias Belmonte, de 17 años.
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| Antiguo Cuartel de Carabineros en Bonanza |
El Instituto armado procedió enseguida
a su detención. Pero Robles Montaño negó toda participación en el suceso,
aunque finalmente, estrechado por el interrogatorio, terminó confesando y
ofreciendo además los nombres de sus cómplices, que eran Salvador Delgado Cervantes,
de diez y nueve años; José Rodríguez Vega, de diez y siete; Manuel Millán
Cervantes, de diez y ocho, y José Moreno, de diez y nueve. Este último fue
detenido en El Cuervo, término de la provincia
de Sevilla, encontrándosele la pistola robada al carabinero y otras armas también
robadas.
Esta detención supuso un triunfo
para la Guardia civil y para las autoridades gubernativas, y nada menos que
hasta Teruel llegó la noticia de este hecho, aunque en el teletipo informativo
se añadía a «la Policía» como coautora de la investigación que había conducido
a la detención de los sospechosos. Se recalcó el hecho de que todos los
integrantes de la banda eran campesinos y se suponía que ya habían tomado parte
en anteriores sucesos violentos en la población[5].
Los autores del asesinato, a Cádiz.
El 15
de junio fueron conducidos a Cádiz, por las fuerzas de la Guardia civil, y en
el ferrocarril de la costa, los autores del asesinato, que iban a ser juzgados
por el Tribunal de Urgencia de la Audiencia Provincial. Aunque el traslado a la
estación de tren se hizo por las calles de menor tránsito, no pudo evitarse que
se aglomerara gran cantidad de público curioso, con el afán morboso de verles
la cara a los criminales[6].
El 29
de junio la prensa sevillana informaba que el fiscal había devuelto ya «la
causa instruida» y solicitaba «veintinueve años y nueve meses de prisión para
Manuel Robles y Salvador Delgado, doce años y un día para José Rodríguez Vega y
Manuel Millán, y seis para José Moreno». La causa iba a juzgarse próximamente.
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| La antigua Audiencia Provincial en Cádiz |
Bajo la
presidencia de Juan García Murga, y en unión de los magistrados Antonio María
Vaca y Pedro Cano-Manuel, fue juzgado este crimen, pronunciándose sentencia en
la ciudad de Cádiz, el 24 de julio de 1934.
Se
celebró juicio oral y público por asesinato, contra Manuel Robles Montaño,
alias Belmonte, hijo de José y de Mercedes, de 20 años, natural y vecino de
Sanlúcar, soltero, del campo, de buena conducta, con instrucción, sin
antecedentes penales, insolvente, en prisión provisional desde el 6 de junio de
1934. Contra Salvador Delgado Cervantes, hijo de Salvador y Ángeles, de 19
años, natural y vecino de Sanlúcar,
soltero, del campo, de buena conducta, sin instrucción ni antecedentes penales,
insolvente, en prisión provisional desde el 10 de junio de 1934. Contra José
Rodríguez Vega, alias Paquirri, hijo de Francisco y de
Caridad, de 17 años, natural y vecino de Sanlúcar, soltero, del campo, de buena
conducta, con instrucción, sin antecedentes penales, insolvente, en prisión
provisional desde el 11 de junio de 1934. Contra Manuel Millán Cervantes, (a) La Vieja, hijo de Antonio y Carmen, soltero, de 18 años, natural y vecino de Sanlúcar, con instrucción, buena conducta, trabajador del campo, sin antecedentes, insolvente, en prisión provisional desde el 11 de junio de 1934. Y contra José Moreno Sánchez, hijo de José y de Rosario, de 22 años,
natural y vecino de Sanlúcar, casado, del campo, de buena conducta, con
instrucción, sin antecedentes penales, insolvente, en prisión provisional desde
el 11 de junio de 1934.
Los
cuatro primeros estaban defendidos por el letrado Benito Pavón, --un reconocido abogado laboralista vinculado a los sindicatos anarquistas-- y el último por
el también letrado Andrés López Gálvez. Siendo parte el ministerio fiscal y
ponente el magistrado Juan García Murga.
Los hechos.
Se reconstruyeron los hechos,
que se podrían resumir así:
Los procesados se pusieron de
acuerdo para apoderarse, en acción conjunta y provecho común, de la pistola de
reglamento que, propiedad del Cuerpo de Carabineros, utilizaba Antonio Antón
Martín, persiguiendo con su posesión, aparte los fines no concretados del uso a
que pensasen destinarla, el móvil de lucro de obtenerla gratuitamente,
aprovechándose del valor material que representaba. Y para llevar a cabo sus
planes, conocedores de que dicho carabinero regresaba todas las noches, al
quedar franco de servicio, por la Avenida del Cabo Noval, y buscando a
propósito esas horas nocturnas como las más favorables a la realización de sus
proyectos, los cuatro procesados Delgado, Rodríguez, Robles y Millán, se apostaron
en tal Avenida, sobre las 22 horas del día 4 de junio de 1934, espiando su llegada
y yendo provistos los dos primeros ―Salvador Delgado y José Rodríguez― de dos
pistolas, para cuyo uso y tenencia carecían de las correspondientes licencias y
guías. Llegado que fue Antonio Antón Martín al lugar en el que los procesados
acechaban, éstos se abalanzaron sobre él, esgrimiendo Delgado y Rodríguez sus
armas de fuego, y sujetándolo Robles y Millán. Mas como el carabinero se
resistiese, forcejeando con ellos, y en aquel momento pasase un camión por el
lugar del suceso, los repetidos Robles y Millán se dieron a la fuga,
continuando la lucha Delgado y Rodríguez, sólo por unos momentos más, pues al
ver que la víctima logró empuñar su pistola, dispararon contra él,
ocasionándole una herida de bala, que, agotando su resistencia, les permitió
finalmente despojarle de la ansiada pistola, dándose entonces también a la
fuga. Dicha herida, mortal de necesidad, determinó el fallecimiento de Antón
Martín pocas horas después.
Una de las armas utilizadas por
los procesados (una pistola de calibre 7’65) resultó procedente de hechos que
originaron el sumario nº 54 del propio
juzgado de Sanlúcar, instruido el mismo año. Y la sustraída al interfecto, que
pericialmente se tasó, con sus proyectiles, en 92,80 pesetas, fueron entregadas
por Salvador Delgado al también procesado Moreno Sánchez para que las ocultara
en su casa, lo que verificó éste, sin que conste que tuviese conocimiento de su
procedencia ni del hecho de autos, siendo intervenidas cuando aún obraban en su
poder. José Moreno carecía de licencia y guía para el uso y tenencia de armas
de fuego. El procesado José Rodríguez
Vega tenía 17 años de edad el día del hecho y Delgado Cervantes era «un débil
mental, de inteligencia no completamente desarrollada», lo que no le privaba «por
entero de sus facultades intelectuales y volitivas». Todos estos hechos se
declaran probados durante el juicio.
El ministerio fiscal calificó
definitivamente los hechos procesales como constitutivos de un delito de robo
con homicidio. Al que había que añadir otro de tenencia ilícita de armas. Y
designó como autores del primero a los cuatro procesados. Y del segundo, a
Delgado, Rodríguez y Moreno. Apreció, respecto del robo con homicidio, el
agravante del primer apartado del artículo 10 del Código Penal entonces vigente.
Y el atenuante 3º del artículo 9, sólo en el caso de Rodríguez Vega. Solicitó
pues las condenas de 25 años, nueve meses y once días de reclusión mayor para
Delgado, Montaño y Millán. Para Rodríguez Vega, la condena de 12 años y un día
de reclusión menor. Y por el segundo delito, un año de prisión para Delgado y
para Moreno y dos meses y un día de arresto mayor para Rodríguez Vega. A lo que
habría que sumar «las accesorias, costas e indemnización de quince mil
pesetas». Se alejaba el fiscal de lo que
había informado la prensa sobre la petición de penas.
La defensa
de Robles, Delgado, Rodríguez y Millán en sus conclusiones también definitivas,
reconoció que los hechos constituían un delito de homicidio calificado en el
artículo 413 del Código Penal y dos delitos de tenencia ilícita de armas. Pero sostuvo
que el único autor del homicidio fue Salvador Delgado y de la tenencia ilícita
de armas acusó a éste y a Rodríguez Vega. Pero a Delgado había que aplicarle
varias circunstancias eximentes. Y en Rodríguez Vega concurrían asimismo varias
atenuantes. Por tanto solicitó la libre absolución de Delgado y de los demás
por el delito de homicidio, y aceptando la condena por tenencia ilícita de 250
pesetas de multa a Delgado y Rodríguez Vega.
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| Magistrados de la Audiencia Provincial en 1934 |
La defensa de José Moreno
Sánchez, en sus conclusiones definitivas, solicitó al tribunal la libre
absolución de su patrocinado.
El tribunal, en la motivación de
su sentencia, consideró que de los hechos probados aparecía en primer lugar «la
existencia de un delito complejo de robo con homicidio, previsto y sancionado
en los artículos 493 y 494, del Código Penal», del que eran responsables
criminalmente en concepto de autores por participación directa y voluntaria los
cuatro procesados. Si bien la responsabilidad había de entenderse en cuanto al
delito consumado para los dos primeros (Delgado y Rodríguez Vega) y sólo como
tentativa de él para los otros dos (Robles y Millán). Existió en todos ellos no
sólo el concierto previo de voluntades para robar violentamente, como lo indica
el ir provisto de armas, sino el comienzo de ejecución por parte de todos de
actos de intimidación y fuerza material, puesto que, mientras Delgado y Rodríguez
apuntaban a la víctima con sus pistolas, Robles y Millán la sujetaban. Es
decir, que era de clara aplicación la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
(cita la jurisprudencia desde 1880 a 1902) de que aunque hubiera sido sólo uno
el que materialmente realizase el homicidio surgido con ocasión del robo, había
de apreciarse la figura del delito con respecto a todos los que tomaren parte
en éste. Mas como los mentados Robles y Millán no llegaron a practicar todos
los actos de ejecución del delito por causas independientes de su voluntad,
cuales fueron la sorpresa y acobardamiento que les ocasionó no sólo la
resistencia del interfecto, sino más bien la proximidad del camión que atravesó
por aquellos lugares, su actuación no podía interpretarse «más que como autores
de una tentativa de dicho delito».
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| Vista oral en la Audiencia Provincial con el abogado Pabón |
Estimó en el fallo también el
tribunal que en la ejecución del delito había que apreciar diferentes «circunstancias
modificativas». Para los cuatro procesados, Delgado, Rodríguez, Robles y
Millán, la agravante de perpetrar el delito de noche como medio más seguro para
lograr sus fines. En cuanto a José Rodríguez, había que estimar la atenuante de
ser menor de 18 años, lo que habría de reflejarse en el castigo, de acuerdo con
lo prevenido en el artículo 71 del Código. Sin olvidar las circunstancias del
hecho y el grado de peligrosidad de sus ejecutores. Y con respecto a Salvador
Delgado, también se aceptaba la atenuante sobre su estado de débil mental, de
acuerdo con el artículo 72.
En cuanto al delito de uso y tenencia
ilícita de armas de fuego, que también aparecía en los hechos probados, se
consideraban responsables en concepto de autores a Salvador Delgado y a Rodríguez
Vega. Se trataba de un delito penado por la Ley de 4 de julio
de 1933, y que dejaba la fijación de la pena al prudente arbitrio de los
Tribunales. Al procesado José Moreno Sánchez también habría que incluirlo
incurso en este delito, como se podía deducir de los hechos probados.
La sentencia
El tribunal finalmente estimó «que
toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente y
debe ser condenada al pago de las costas procesales». Y que «vistos,
además de los citados, los artículos aplicables del Código Penal y otros siete
más de la ley procesal»:
»FALLAMOS:
«Que
debemos condenar y condenamos a Salvador Delgado Cervantes y a José Rodríguez
Vega Paquirri, como autores de un
delito ya definido de robo con homicidio,
a la pena para cada uno de ellos, de catorce años, ocho meses y un día de
reclusión mayor, con la accesoria de inhabilitación absoluta
durante el tiempo de la condena. Y a Manuel Robles Montaño, Belmonte, y a Manuel Millán Cervantes, como autores del propio delito en grado de
tentativa, a la pena para cada uno de ocho años y un día de presidio mayor,
con la accesoria de suspensión de todo cargo, profesión, oficio o derechos de
sufragio durante el tiempo de la condena; y a los cuatro, a que indemnicen a
los herederos del interfecto Antonio Antón Martín en la cantidad de quince mil
pesetas.
«También
debemos condenar y condenamos a Salvador
Delgado Cervantes y a José Rodríguez Vega, como autores de un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, a la pena,
para cada uno, de un año y dos meses de prisión menor con la accesoria de
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la
condena; y a José Moreno Sánchez, como autor de otro delito igual, a la pena de diez meses de prisión menor,
con las mismas accesorias citadas. Y a todos, al pago de las costas procesales
por quintas partes. Siéndoles de abono para el cumplimiento de las mentadas
condenas todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa».
Fue
pronunciada, leída y publicada por el ponente y presidente Juan García Murga,
en audiencia pública de la Sección primera de la Audiencia provincial el 24 de
julio de 1934, y firmada por los otros dos magistrados componentes del tribunal
juzgador, Antonio María Vaca y Pedro Cano-Manuel.
Los
periódicos de Madrid informaron puntualmente de la condena[8].
Epílogo
Al
menos sobre dos de los condenados hemos podido encontrar pistas posteriores a
estos hechos. Se trata de Salvador Delgado y Manuel Millán. Estaban cumpliendo
su condena en la prisión de San Cristóbal en el monte Ezkaba (Pamplona) en
1938, en plena Guerra civil española. El historiador navarro Fermín Ezkieta,
autor del libro Los fugados del
Fuerte de Ezkaba, 1938 (Pamiela, 2013), relata la gran fuga que ochocientos «presos políticos»
realizaron el 22 de mayo de este fuerte cercano a los Pirineos. Las penosísimas
circunstancias en las que más de 2.000 reclusos malvivían en esta prisión,
junto con alguna ayuda realizada desde el exterior, hizo que estallara una
rebelión entre ellos y se propiciara una fuga masiva. Pero más de doscientos
fugados fueron interceptados y fusilados por los requetés y el ejército
franquista.
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| Entrada a la antigua prisión de San Cristóbal en Pamplona (Navarra) |
En el
caso que nos ocupa, ya hemos podido comprobar que estos dos condenados sanluqueños
no eran presos políticos sino delincuentes comunes. Pero tanto Salvador Delgado
como Manuel Millán aprovecharon la ocasión para fugarse e intentar alcanzar
también la ansiada frontera con Francia. No lo lograron, pues Millán murió el
mismo día de la fuga, en el transcurso de ella, y Salvador Delgado fue capturado
por los requetés al día siguiente en Azkarrena de Belzunce (Juslapeña).
Devuelto a la cárcel, no salió de la prisión hasta el 26 de octubre de 1942, según la citada obra de Ezkieta[9].
NOTAS:
[1] Ahora, Madrid, miércoles 6 de
junio de 1934: El orden público en España: “Cinco individuos atracan en
Sanlúcar de Barrameda a un carabinero, sobre el que hacen numerosos disparos,
ocasionándole la muerte”
[2]
Entre ellos, el asesinato en Hernani (Guipúzcoa), del general de división
Fernando Berenguer, hermano de quien fue presidente del gobierno, Dámaso
Berenguer. Fue abatido a tiros por tres desconocidos. (La Vanguardia, jueves, 7 de junio de 1934)
[4]
Ahora, miércoles 13 de junio
de 1934, p. 7. “Ha sido detenida la banda de pistoleros que asesinaron a un carabinero en Sanlúcar de Barrameda”.
[8] Heraldo de Madrid, 25 de julio de 1934,
p. 7. El Sol, Madrid, 25 de julio 1934, p. 5. La Voz, Madrid, 25 de julio de 1934, p.
4
[9]
“21 andaluces participaron en la gran fuga de 800
presos políticos del fuerte navarro de San Cristóbal en el monte Ezkaba en 1938”
(Blog del programa de Radio Andalucía Información “La Memoria”:
http://blogs.canalsur.es/lamemoria/)
