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martes, 29 de noviembre de 2022

MI ABUELO, SALVADOR PALACIOS MERINO (Sanlúcar, 1898-1932)

 

Un sanluqueño brillante e inquieto que conoció a Adolf Schulten.

Salvador Daza Palacios

(A mi hermana María del Carmen).

No tuve la fortuna de conocer a mi abuelo, Salvador Palacios Merino. Falleció a la temprana edad de 34 años. Pero durante toda mi vida le he echado de menos porque estoy seguro que me hubiera llevado muy bien con él. Los testimonios orales que recibí de mi tía abuela Caridad, única hermana de Salvador, fueron más que suficientes para que le fuera tomando cariño a través del tiempo.

Mi abuelo era hijo de Francisco Palacios Fuentes y de María Gloria Merino Moscosio. Nació en la calle Jerez número 36 a las dos de la madrugada del día 11 de agosto de 1898. Cuando nació, sus padres tenían 32 y 27 años, respectivamente. Unos años después nació su hermana Caridad.

Francisco Palacios
Fuentes


Gloria Merino
Moscosio

Por mi casa familiar, en la que vivió y falleció mi abuelo, quedaron pocos testimonios de su vida. Unas fotos, algunos libros y poco más. Pero dentro de este poco, encontré un día un título de bachiller superior expedido nada menos que por la Universidad de Sevilla. Cuando mi abuelo falleció mi madre sólo tenía siete años, así que no tenía mucha información sobre su actividad estudiantil. Me propuse averiguar algo más y hallé algunos papeles conservados en el Archivo Histórico de la citada Universidad. Según estos documentos, Salvador Palacios había realizado estudios durante los cursos 1915-1916 a 1917-1918 en la Facultad de Ciencias. Las asignaturas que cursó eran Mineralogía y Botánica, Análisis Matemático, Química General, Zoología General, Geometría métrica, Física y Cristalografía. Como consecuencia de estos estudios estuvo residiendo en la capital hispalense, primero en la calle Ahujas, 4 y posteriormente en calle Conde de Tejar, nº 1.



El fallecimiento de su padre, Francisco Palacios (hijo de Félix y Francisca), acaecido el 25 de enero de 1920 a los 54 años de edad parece que le impidió proseguir sus estudios. La hermandad de las Angustias, a la que pertenecía como directivo, le hizo un funeral de beneficio. Francisco tenía al menos dos hermanos, José y Félix.

Al quedarse su madre viuda, Salvador tuvo que buscar trabajo para poder mantener a la familia. Y tuvo la suerte de encontrar un puesto eventual en el Ayuntamiento. Según su expediente personal, conservado en el Archivo municipal (1), ingresó como escribiente temporero de Secretaría el 23 de febrero de 1920, con un jornal diario de 3 pesetas y 98 céntimos. Uno de sus cometidos fue el auxiliar los trabajos de confección del Padrón de habitantes. Cesó en este puesto el 31 de agosto del mismo año. Pero, a la vista de sus extraordinarias virtudes para el oficio, volvió a ser contratado de nuevo el 16 de noviembre para la sección de Hacienda, con un jornal de 4’55 pesetas, lo cual le ofreció la oportunidad de poder presentarse a una oposición a fines de enero de 1921 para un puesto de auxiliar, dotado con un sueldo anual de 2.169 pesetas con 46 céntimos.


Salvador Palacios, funcionario municipal de Secretaría, en 1931

Del matrimonio formado por Salvador
Palacios y Carmen Romero nació Carmen
Palacios Romero en 1925


Esta remuneración fue aumentando durante varios años, hasta alcanzar las 2.570 pesetas. Con esta cantidad podía mantener su casa y pensar en formar una nueva familia. Pero tuvo la fatalidad de perder entonces a su madre, Gloria, fallecida a la edad de 50 años. Conoció entonces a mi abuela, Carmen Romero Muñoz, pues Salvador frecuentaba la Parroquia del Carmen, como hermano y secretario que era de la Hermandad de las Angustias, donde ella iba a oír misa. Carmen era un año mayor que él y también era huérfana de padre y madre, como Salvador. Surgió el amor entre ambos, y en 1924 se casaron. Y establecieron su casa familiar en el domicilio de ella, en la calle San Juan 36 (hoy 64) donde ambos deberían convivir con varios hermanos de ella (Manolo, Luis y Juan) que residían también en el inmueble. Y en marzo de 1925 nació mi madre, Carmen Palacios Romero, única hija del matrimonio, que vino a traer una gran alegría a la casa, pues la tragedia se había venido cebando con los Romero Muñoz durante algunos años.





La personalidad simpática y brillante de Salvador no tardará en mostrarse, pues en enero de 1929, Salvador Palacios asistió, en representación municipal y acompañando a varios munícipes, a la botadura en Cádiz, de la réplica de la carabela Santa María, que se construyó en los astilleros Echevarrieta, por orden de Alfonso XIII y Primo de Rivera, con el fin de exhibirla en la Exposición Universal de Sevilla de ese mismo año. También fue uno de los asistentes a la inauguración de esta Expo que tuvo lugar el 9 de mayo de 1929, así como al Congreso Mariano celebrado paralelamente en la ciudad hispalense. Su militancia católica quedaba bien acreditada con este hecho, pues además existe alguna foto suya en la que el abuelo Salvador figuraba en la presidencia de un desfile procesional, según se deduce de la misma, incluso como capataz del paso.


Procesión de San Lucas. Año 1926. (Col. particular del autor)

El 4 de julio de 1929, Salvador Palacios ascendió en el organigrama municipal, pues se le confió el puesto de Oficial de Actas y Registro, con un sueldo anual de 3.000 pesetas. Eso se debió a su antigüedad en la plantilla municipal, pues se había quedado vacante el puesto por jubilación del que prestaba sus servicios, Cayetano Delgado Ñudi, y Salvador Palacios era a quien correspondía el ascenso según el reglamento, ya que era el auxiliar que ocupaba el número uno del escalafón. Por aquel entonces desempeñaba la alcaldía accidentalmente Pedro Barbadillo Delgado y el secretario municipal era José López, que sustituía al titular, Carlos Asquerino Lacave.

Excursión al Coto de Doñana para conocer a Adolf Schulten

Pero sin duda la actividad más destacable de Salvador Palacios fue la excursión que hizo a principios de octubre de 1923, cuando contaba con 25 años, junto con varios amigos al Coto de Doñana, con el fin de conocer al ya célebre doctor arqueólogo alemán Adolf Schulten, investigador de Tartessos (2). El diario sevillano El Liberal se hizo eco de ello, pues el líder del grupo que cruzó el río desde Bajo de Guía era el periodista y corresponsal en Sanlúcar Manuel Quiñoy, a quien acompañaron otros eruditos locales como el militar retirado Diego Pérez Tort, «verdadero entusiasta de la arqueología», Alejandro Zambrano, Pepe Vinceiro, Perico Martínez, que actuaba de fotógrafo, y Rodolfo Romero. De guía de la expedición actuó Francisco Díaz Montaño, que conocía el coto perfectamente por haber vivido allí muchos años (3).


El arqueólogo e historiador alemán
Adolf Schulten
Allí pudieron conocer de primera mano las excavaciones practicadas por Schulten y el producto recogido en forma de piezas diferentes de cerámica, así como de varios restos de huesos humanos correspondientes al periodo romano, existentes en diversas tumbas. Posteriormente visitaron el Palacio de la Marismilla para entrevistarse con el doctor Schulten y su ayudante, el general alemán Lammeré. El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Erlangen resultó ser un «correcto caballero, de trato afable y de esmeradísima educación». Era un hombre que frisaba los cincuenta años, «de rostro curtido por el sol y simpático, locuaz y amable hasta la exageración», y muy sonriente, contestó a todas las preguntas que le hicieron los componentes del grupo. Y se dio la curiosa circunstancia, según cuenta el propio Schulten en su apasionante libro “Tartessos”, que unos días más tarde de esta visita de sanluqueños a las excavaciones, que habían descubierto en ese año 1923 una villa romana, apareció, el 4 de octubre (penúltimo día de las excavaciones) un anillo de cobre con inscripciones griegas, lo cual demostraba que había habido expediciones griegas al primitivo reino de Tartessos (4).

Fallecimiento prematuro.

La salud de mi abuelo se quebrantó. En 1931 se vio obligado a tomarse unos meses de descanso por recomendación médica. Pasó una temporada en la casa de campo familiar del pago de Capuchinos, justo enfrente del convento. Un sitio saludable por su tranquilidad y aire puro. Pero el 12 de mayo se vio alterada esta paz por los incidentes ocurridos en la puerta del convento, cuando un grupo de desconocidos intentaron prender fuego al mismo. Este hecho lo recordaba mi madre perfectamente, a pesar de contar entonces con sólo seis años de edad. La prensa local, en su crónica de sociedad recogió la vuelta a la ciudad de mi abuelo Salvador tras su descanso campestre, algo común en aquel periodismo tan familiar del diario Sanlúcar.

Pero no se había curado. No había medios entonces en la ciencia médica para el mal que se había apoderado de él. Así que el 30 de octubre de 1932, a las ocho de la noche, mi abuelo falleció en el domicilio familiar de la calle San Juan. Precisamente en la misma habitación donde dormí muchos años, una de las que dan a la calle. La certificación, firmada por el juez municipal Leopoldo del Prado Ruiz, dejó constancia de la razón de su muerte: “tuberculosis subaguda” y de que dejaba una hija huérfana llamada María del Carmen, mi madre.



El Ayuntamiento recogió este óbito en sus actas capitulares. Aquellas que precisamente fueron el objeto del cuidado de Salvador Palacios en su tarea municipal. En su sesión de primeros de noviembre, al punto 4, «por moción de la Alcaldía, quedó el Ayuntamiento enterado del fallecimiento ocurrido el día treinta del corriente del Oficial de la Secretaría municipal, don Salvador Palacios Merino, acordándose, a propuesta del señor [Francisco] Clavijo, que conste en acta el sentimiento de la Corporación por el fallecimiento de un funcionario tan ejemplar». Su vacante la ocuparía el auxiliar más antiguo, Eduardo Hidalgo Romaní (5).

El Noticiero gaditano y otros diarios locales se hicieron eco del fallecimiento:

«En esta ciudad ha fallecido el oficial administrativo de la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, señor Palacios Merino, joven que contaba con el verdadero aprecio de sus amigos y jefes, por sus dotes de simpatía y competencia.

El acto de la conducción del cadáver al Cementerio ha tenido lugar el día 31 del pasado [mes], constituyendo una imponente manifestación de duelo, presidiendo los familiares y el secretario de esta Corporación don Alberto Gallego Burín, gran amigo del fallecido.

Enviamos a la familia nuestro más sentido pésame, lamentando que el Ayuntamiento se vea privado de un funcionario tan ejemplar» (6).

Como no existían pensiones de viudedad, el alcalde de entonces, Manuel Ruiz Delgado, le ofreció a mi abuela compensarla con algún puesto para algún familiar suyo en el Ayuntamiento. Así que la reciente viuda, que compartía el primer piso de la casa familiar con su hermano Manolo, que era soltero, le convenció para que aceptara un puesto como auxiliar en la oficina de Arbitrios, hecho éste que no le sentó muy bien, según refería mi madre, pues le costó mucho esfuerzo adaptarse a los entonces muy dilatados horarios laborales que los funcionarios municipales tenían. Aun así siguió en su puesto hasta su jubilación en los años sesenta.


NOTAS

(1) AMSB, Secretaría, leg. 2611, expediente personal de Salvador Palacios Merino.

(2) El Diario de Cádiz del 30 de julio anterior informó que el Gobierno le había concedido licencia al duque de Tarifa (Carlos Fernández de Córdoba y Pérez de Barreda) para realizar excavaciones arqueológicas en el Cerro del Trigo, «en busca de la antigua Tartessos, a orillas del Guadalquivir». El duque se obligó a entregar cada mes una memoria sobre los trabajos.

(3) Todo ello incluido en El Liberal de Sevilla, jueves 4 de octubre de 1923: “En el Coto de Doña Ana: Se han hecho importantes descubrimientos arqueológicos”, p. 1.

(4) Schulten, Adolf: Tartessos, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1971, p. 262.

(5) AMSB, Actas capitulares de 1932, sesión de 4 de noviembre, f. 157.

(6) El Noticiero Gaditano, 2 de noviembre de 1932, p. 2.

sábado, 5 de noviembre de 2022

LA CASA DE SÁNCHEZ AYALA EN LA CALLE SAN JUAN

 

© Salvador Daza Palacios

No descubro nada nuevo si afirmo que la arquitectura de los pueblos es la expresión de su grandeza y/o miseria económicas, así como el testimonio material del uso, costumbres y profesiones de sus vecinos. Qué duda cabe, a estas alturas, que Sanlúcar de Barrameda, como ciudad agrícola y comercial por excelencia, ha dejado suficientes muestras del esplendor constructivo de sus habitantes, a través de sus magníficas edificaciones señoriales, prototipos y evidencias, a partir del siglo XVIII, de la riqueza de muchas familias que construyeron a su gusto y comodidad en un entorno favorable para la crianza, el bienestar y el progreso.

Aun a pesar del paso de los tiempos, con su inclemente incuria, se conservan aún muchas casas importantes desde el punto de vista histórico y patrimonial, que nos informan de gran cantidad de circunstancias sociales y son el ejemplo vivo del tipo de vida que llevaban nuestros antepasados, si sabemos leer bien el lenguaje de sus volúmenes y espacios, decoración y distribución, además de las particularidades específicas de sus moradores. Pero hemos de lamentar que la ruina y el abandono, además del desinterés municipal por todo ello (que parece instalado de manera endémica e insalubre en el Ayuntamiento local), hagan que cada año desaparezcan de nuestro casco urbano (reconocido como conjunto histórico artístico nacional desde 1973) grandes viviendas que fueron testigos de otros tiempos y que representan no solo el patrimonio y la memoria histórica de nuestra sociedad sino las formas de vida y el talento de las generaciones anteriores a la nuestra, frente a las que deberíamos rendir siempre nuestra más sincera humildad.


Casa nº 62 de la calle San Juan (noviembre 2022)

Una de estas casas condenadas a la desaparición parece ser hoy la casa numerada con el nº 62 de la calle San Juan (también la número 60, aunque difiere en su valor histórico y arquitectónico). Una casa que conocimos desde nuestra niñez y que hoy dia está prácticamente arruinada, aun a pesar de gozar, en el Catálogo de edificios “protegidos” por el PGOU de protección GLOBAL con la identificación B-59. Se describen en el catálogo sus méritos como «vivienda tradicional de tipo historicista-culta, con uso residencial y buen estado de conservación» (datos de 1994). Y se añade que «forma parte del conjunto de residencias de finales del siglo XIX y principios del XX de la calle San Juan». Como elementos a destacar aparecen las «rejerías» de toda la fachada y como elementos a conservar, «los espacios de acceso, patio principal y elementos de articulación espacial del edificio», así como «la fachada y crujías asociadas a los mismos» (1). Nada, excepto la fachada, queda ya en pie. Haremos un poco de historia de esta finca llamada a desaparecer, plagada de vicisitudes y personajes dignos de recuerdo.

El siglo XVIII

En 1761, según el padrón eclesiástico, esta casa de la calle San Juan era de propiedad del presbítero beneficiado Miguel del Villar, cura teniente de la iglesia mayor parroquial, que la compró probablemente por fallecimiento de su anterior propietario, el capellán y también cura de la parroquial Juan Lázaro Pérez Vázquez, que consta como vecino en dicha casa desde 1733, según el mismo citado padrón (2).

En 1770, según el padrón eclesiástico, la citada casa la vivían aún el presbítero Miguel del Villar, de 65 años, junto con su hermana de 53 y dos mujeres solteras: Francisca García, de 61 años, y María del Toro, de 17. En la accesoria de dicha casa vivía el matrimonio Morilla Muñoz, con un hijo de 24 años (3). Se dio la circunstancia de que el padre Del Villar cedió las habitaciones bajas y el patio de su casa a la familia Tassara para que velaran el cadáver de la víctima del asesinato cometido por fray Pablo de San Benito en 1774, la joven de 18 años María Luisa de Tassara. Un suceso ocurrido a las mismas puertas de la iglesia del Carmen el 6 de marzo de dicho año y que conmocionó a Sanlúcar y a toda España (4).

Planta de la casa, que ocupa una superficie total de parcela de 393 metros cuadrados, con 495 construidos sobre rasante, según el Catastro Inmobiliario del Ayuntamiento de Sanlúcar (AMSB) y la página virtual del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es/) 

Subasta del Estado.

Ya bien entrado el siglo XIX, Pablo de Mier y Fernandez, vecino de Sanlúcar, de familia bodeguera, adquirió dicha finca por compra que de ella hizo al Estado. Aunque no se expresa en la escritura registral las circunstancias concretas del motivo de esta compra, hemos podido averiguar su origen: subasta de Bienes Nacionales Desamortizados. En concreto, la casa perteneció a la Hermandad de San Pedro, que, como tantas corporaciones religiosas, hubo de ceder sus bienes al Estado a partir de 1836 para que este procediera a su venta. Precisamente el año 1856, cuando Pablo de Mier compra la casa, fue un año en el que salieron a subasta una gran cantidad de Bienes Nacionales radicados en Sanlúcar que procedían del incautado patrimonio eclesiástico y con cuya venta se engrosaron las depauperadas arcas del Estado. Es de suponer que, al haber pertenecido la casa al presbítero Miguel del Villar, a su fallecimiento sería donada a la Hermandad a la que pertenecía como miembro del clero sanluqueño:

«Nº 598 del Inventario: Una casa en Sanlúcar de Barrameda, calle de San Juan, núm. 215, procedente de la Hermandad de San Pedro, de dos pisos y 3.917 pies cuadrados de terreno (5): linda con otras de Juan Álvarez y de José Lacave: gravada con los censos siguientes: uno de 143 reales, 13 mrs. de rédito anual a favor del patronato que fundó doña Ana Gómez; otro de 165 reales a favor del convento de monjas de Madre de Dios; otro de 107 reales a favor del patronato fundado por Antonio Rodríguez, y otro de 140 reales a favor de la colecturía de entierros. Capitalizada, por la renta de 2.114 reales que produce, en 47.565 reales, y tasada por los peritos en 50.273 reales, que es el tipo que se saca a subasta» (6).

 En representación del Estado intervino en la venta el juez de primera instancia del partido judicial, Antonio Ramirez y Arroyo, quien firmó la escritura ante el notario Nicolás Matheos el once de julio de 1856, quedando hipotecada a la seguridad del resto del precio por el que la adquirió el citado Pablo de Mier. La hipoteca se canceló el 30 de julio de 1870. La casa aparece numerada con el doscientos quince antiguo y treinta y cuatro moderno (7).


Aspecto actual (noviembre 2022) de la casa nº 62 en la calle de San Juan.
El Pradillo queda muy cerca.


Pablo de Mier y Fernández falleció en Sanlúcar, según su partida de defunción, el 8 de octubre de 1873, bajo un testamento que otorgó ante el notario Manuel Casanova el 24 de septiembre del mismo año, por el cual, entre otras muchas disposiciones declaró que estuvo casado con Rosa Nodal, que murió catorce años antes, quedando por huérfanos sus hijos Hipólito, José, María Dolores, María, Manuel y Pablo de Mier Nodal. Este último, que había estudiado en París, murió después que su madre sin haber otorgado disposición alguna testamentaria, y en estado de soltero, aunque legó por una única vez a Manuel Martínez y José Luis Escobar quince mil reales vellón a cada uno, para que atendieran así a su subsistencia y manutención.

Pablo de Mier Fernández dejó una herencia de 98.646 pesetas, 75 cts. y por consiguiente correspondió a cada uno de sus hijos 19.729 pesetas con 25 cts. Nombró por sus albaceas testamentarios cumplidores y ejecutores de su final voluntad a Juan Martínez Gutiérrez y José Matheos y Valdivieso, y les concedió amplio poder para que a su fallecimiento se apoderasen de sus bienes, vendiendo los que fueran precisos para cumplir su disposición, dentro o fuera del término que la ley señalaba, a cuyo fin les prorrogaba el plazo que necesitaren... Y nombró por universales herederos a sus referidos cinco hijos, para que heredasen por iguales partes y propiedad, y usufructo.



Los hijos del citado don Pablo, –que al parecer había vivido en Cuba y allí se había enriquecido–, fueron José, Manuel, nacido en Cienfuegos, aunque estudió en el Instituto Columela de Cádiz, procedente del Instituto de Jerez; Hipólito, también nacido en Cienfuegos, y que estudió en la Escuela de Comercio de Cádiz (8); Dolores y María Mier Nodal. Los cinco adquirieron de mancomún dicha casa por herencia de su difunto padre y la inscribieron a su nombre. José, soltero, abogado, Manuel, soltero, propietario, y lo mismo María y Dolores, esta última asistida de su esposo, Francisco de Paula del Castillo (9), propietarios todos, mayores de edad, y José no solo en nombre propio sino también en el de su hermano ausente, Hipólito de Mier Nodal, según el poder que este le confirió por escritura de 7 de julio de 1875 que pasó ante el notario Plácido López de Iturralde por el cual le facultó «para tomar dinero a préstamo con objeto de atender a las obligaciones del caudal; pero en cuanto sea absolutamente preciso y con el interés más módico posible, hipotecando para la garantía el anticipo del dinero.... de dicha testamentaría...».

Como desde la muerte del referido don Pablo sus hijos tuvieron que dividir los bienes, hicieron manifestación de estos en una escritura ante el notario Plácido López el 17 de diciembre de 1877, y con ella se inscribieron a nombre de todos en común y proindiviso los citados bienes, entre los que se contaba la finca de la calle San Juan y otros como una casa en la calle de la Plata. Que, a pesar del precio con el que figuraban las expresadas fincas, valían mucho menos a causa de la depreciación que desde el fallecimiento de don Pablo había tenido la propiedad urbana en la población. Así que la casa de San Juan se valoraba en 28.977 pesetas con 50 cts. Y la de la calle Plata en solo 620 pesetas.


Estado actual (fines de octubre de 2022) en que se encuentra el inmueble,
situado frente a la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.

Por razones que no se explican en la documentación, la casa termina siendo hipotecada por escritura del 3 de junio de 1878, por una cantidad de diez mil ochocientas sesenta y ocho pesetas con veinticinco céntimos en favor del acaudalado bodeguero sanluqueño León de Argüeso y Argüeso (10), que falleció en Sanlúcar poco tiempo después, el 28 de enero de 1880. Pertenecía por tanto la deuda (a un interés del 7 por ciento) a sus herederos, en concreto a su sobrino Manuel de Lucio Argüeso, a quien fue adjudicado el crédito, pues León de Argüeso instituyó por herederos a sus dos sobrinos carnales Manuel Lucio y Francisca Díez Argüeso, y a su sobrino segundo Juan Argüeso Gutiérrez, por terceras partes iguales. El 18 de mayo del mismo año se hace la escritura de partición y se adjudica el crédito a Manuel Lucio.

Pero uno de los hijos de Pablo de Mier, Hipólito, hace una jugada maestra, pues nombra como su apoderado en Sanlúcar al citado Manuel de Lucio, mediante un poder conferido en la ciudad cubana de Cárdenas el 3 de enero de 1879 ante Pablo Leonardo Ochoa y Echavarría, notario de la Audiencia de La Habana. Se adjudican ambas casas a don Hipólito, con la obligación de pagar la deuda al señor Lucio y Argüeso. Pero los gastos se compartirían entre los hermanos. La casa de San Juan queda pues a nombre de Hipólito, que inscribe el título de cesión o adjudicación para pago del expresado crédito. Todas estas diligencias se protocolizan en Sanlúcar el 30 de noviembre de 1880.


Situación de la casa de Sánchez Ayala en 1996 (foto del autor)

El 24 de diciembre de 1881 queda cancelada la hipoteca al haber abonado don Hipólito la cantidad total del capital más los intereses correspondientes. También canceló, en la Hacienda de Cádiz, los censos que gravaban la finca desde sus inicios.

Así que Hipólito de Mier y Nodal, de estado casado, mayor de treinta años, de ejercicio del Comercio y vecino de la ciudad de Cárdenas, en la Isla de Cuba, inscribió esta finca a su nombre, pero había nombrado su apoderado a Lucio Argüeso y este, con potestad para poder vender y comprar bienes de la propiedad de aquel, vende la casa número 62 a Antonio Márquez González, de estado casado, de ejercicio propietario y cosechero de vinos, mayor de edad y vecino de Sanlúcar, por un precio puramente convencional y líquido desembolso ambas fincas de cien mil reales y la casa que nos ocupa por noventa mil, cuya cantidad total declara el apoderado Manuel Lucio haberla recibido en el acto del otorgamiento de la escritura a presencia del notario y la de los testigos... Antonio Márquez González inscribió su título de compraventa en el registro de la propiedad. Todo ello el mismo dia citado del 24 de diciembre de 1881 (11).

Antonio Márquez González, almacenista de vinos, capataz y propietario, marido que fue de Nicolasa Cordero y Díaz, adquirió esta finca durante su matrimonio con esta señora, por compra que de ella hizo a Hipólito Mier y Nodal, como consta en la escritura. Y habiendo fallecido Nicolasa Cordero en Sanlúcar el dia 17 de noviembre del año 1886, se adjudicó la finca por un valor líquido de 16.450 pesetas a su esposo Antonio Márquez González, el cual inscribió su título hereditario comprensivo además de otras siete fincas registradas, llevándose a efecto dicho registro en Sanlúcar, el 2 de julio de 1887 (12).

Aspecto anterior de la casa poco después de fallecer su propietaria,
Aurora Sánchez Portales, hacia el año 2000 (AMSB, Fichas del Catastro Inmobiliario)

Pero la casa no la ocupó don Antonio sino que la alquiló, dadas sus especiales características, a un matrimonio muy poderoso de la ciudad. Según el padrón municipal, ese mismo año 1887 viven en ella el rico propietario Pedro Manjón Mergelina y su esposa, Dolores Palacio García. Él, de 39 años, natural de Sanlúcar, concejal y diputado a Cortes, y hermano de la que fue condesa de Lebrija, Regla Manjón; y su esposa, de 27 años, natural de Madrid. Uno de sus hijos, Pedro Manjón Palacio, fue oficial de Infantería y murió en la campaña de África, en Melilla, en 1925.

El dueño de la casa seguía siendo Antonio Márquez González, pero falleció en Sanlúcar el 27 de octubre de 1891. Otorgó testamento el 30 de enero de 1885 e instituyó por herederos a sus sobrinos José y Antonio Márquez Lobato, legando a María de la Caridad de los Reyes y Cordero cinco mil pesetas. Nombró por albacea a José Márquez Lobato. Hicieron las particiones correspondientes, pues María de la Caridad era también heredera de su tía Nicolasa, esposa de Antonio Márquez. A ella se le adjudica la casa por un valor declarado de 14.393 pesetas con 74 céntimos. Se realiza el trámite de inscripción a favor de Caridad Reyes Cordero en 27 de marzo de 1893.


Prácticamente todos los techos de la histórica casa están arruinados
(foto del autor, octubre 2022)

La casa aparece ya libre de cargas y el jardín está gravado con una servidumbre de luces a favor de la casa número 38 de la misma calle San Juan (hoy nº 68). El jardín se incorpora a la vivienda. Lo vende Francisco González Lobato, dueño de la casa número 38, a la que pertenecía, por 1.375 pesetas, a Maria de los Reyes y Cordero, según compraventa firmada en 15 de julio de 1892. Por estos años, la casa de al lado, a la izquierda, la número 36, ya pertenecía a mi tatarabuelo Francisco Romero Sánchez, que la heredó de su padre, el bodeguero y tonelero Andrés Romero Espinosa. Y la de la derecha y del fondo, a José Lacave y después a Adolfo Lacave Domínguez.

En 1894, según el padrón municipal, viven en la casa nª 34 en régimen de alquiler Francisco Asensio Gonzalez, Dolores Core Rodríguez, Jose Romero Asensio, Jose Luis Selma Ruiz, Caridad Rangel Cordero, Antonia Ruiz Ruiz y Caridad Selma Ruiz (13).

La casa pasa a propiedad de Miguel Sánchez Ayala.

En el padrón de 1906 los datos son diferentes. En la casa número 34 viven Petronila de Celis Carrera, nacida en Sanlúcar en 1862, de estado viuda. Y su hija Carmen Celis Celis, de 23 años, casada con Miguel Sánchez Ayala, de 24 años (nacido en 1882), dedicado al comercio de vinos. Nadie más.

Pero habiendo fallecido Carmen de Celis en la flor de su vida, pues tenía sólo 25 años (murió el 6 de septiembre de 1907) se practicaron las operaciones particionales de su caudal y en ellas resultó adjudicada la finca por un valor de 4.760 pesetas a su heredero, Miguel Sánchez Ayala, según testimonio de hijuela librado el 29 de noviembre de 1911 por el notario Ruiz Badanelli. También se adjudican 15 fincas más, lo que nos da una idea del poder económico de la familia.

Aunque en otra inscripción dice que Miguel Sánchez adquirió el derecho de retracto sobre la casa de Caridad Reyes por un importe de mil pesetas, mediante una escritura en la que le cedía el subarriendo de la citada finca, quedando obligado Miguel Sánchez a pagar a Ramón Romero Boch los arrendamientos correspondientes a los tres últimos años del contrato, en el caso de no ejercitar el derecho a retraer adquirido, con arreglo a lo consignado en la escritura de venta. Diligencia efectuada el 22 de febrero de 1911.


Etiqueta de la manzanilla pasada "Paloma Blanca", registrada en 1915
por Sánchez Ayala (cortesía de Dª Ana María Gómez Díaz-Franzón) 

Miguel Sánchez Ayala, del comercio, mayor de edad, viudo, hijo de Miguel y Victoria, adquirió pues el derecho de retraer la finca de este número por cesión que le hizo Caridad de los Reyes Cordero, quedando subarrendada la finca al mismo adquiriente cuantos derechos y obligaciones correspondían a la cedente, en las condiciones especiales y con el pacto de retracto a Ramón Romero Boch (14). Miguel Sánchez, al adquirir su derecho, estaba casado con su primera esposa, Carmen de Celis, la cual falleció en Sanlúcar sin haber otorgado ninguna disposición testamentaria. En un auto de 1 de febrero dictó el juez de primera instancia ante el escribano Manuel Hurtado la declaración de herederos abintestatos de la finada; su madre, Petronila María de Celis y Carrera, y heredera usufructuaria en la proporción que establecía el Código Civil, y su viudo, Miguel Sánchez Ayala.

En escritura otorgada el veinticinco de febrero ante el notario Ruiz Badanelli por los declarados herederos, describen y aceptan la herencia causada por la finada. Se le forman tres hijuelas a cada uno... Pero el derecho a retraer le correspondió a Petronila María de Celis Carrera, por herencia de su hija.

En 1914, según el Padrón municipal sigue viviendo en la casa Miguel Sanchez Ayala, nacido en 1882, con 32 años, que aparece ya casado con su segunda esposa Dolores Portales Merino, nacida en 1885, con 29 años, y sus dos hijas Dolores y Victoria Sánchez Portales, de dos y un año, respectivamente. Miguel Sánchez Batista, nacido en 1856 y viudo, se supone que es el padre del dueño de la casa, también figura residenciado en la misma.




A partir de esta fecha, la empresa vinatera de Sánchez Ayala tomará un gran auge, inscribiendo varias marcas de manzanilla como “Paloma Blanca”, "Imperial, “Las Cañas”, “Pipiola” y la aún existente, “Gabriela”, que fue registrada en 1918 (15). Ya por este año, Miguel figuraba como uno de los mayores contribuyentes de la ciudad y, durante la dictadura de Primo de Rivera, formó parte del Ayuntamiento como concejal, teniente de alcalde e incluso ocasionalmente alcalde. También formó parte de la Junta Local de Primera Enseñanza en representación de los padres de familia y de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana (16). A pesar de estas ocupaciones públicas, también le quedó tiempo para viajar, pues estuvo en París con su padre y visitó varias veces diferentes balnearios en Granada para aliviarse de sus dolencias.


Según el Catálogo de edificios protegidos del vigente PGOU,
esta casa tiene protección GLOBAL y sus rejerías deben conservarse como elementos singulares


Descripción de la casa, realizada ya bastante entrado el siglo XX


Por la inscripción séptima del Registro de la Propiedad podemos conocer con más detalle las medidas de la finca y sus circunstancias registradas a lo largo de los años, pues se deja constancia que se ha ampliado su superficie agregando varias habitaciones de la casa contigua, la número 32. Un hecho que ya conocíamos personalmente, pues eran esas habitaciones las que visitábamos en nuestra infancia, que estaban destinadas a la oficina y escritorio de la bodega Sánchez Ayala. O lo que había quedado de dicha empresa, donde trabajaba un vecino nuestro, pariente próximo a mi madre: Eladio Fernández. Recuerdo perfectamente haber entrado varias veces en esas oficinas y en la bodega interior que formaba parte de la finca, que llegaba hasta la trasera calle de la Plata. Recuerdos nostálgicos de una Sanlúcar desaparecida, por desgracia.

«Casa situada en esta ciudad calle de San Juan, señalada con el número 34 moderno, compuesta de piso bajo, principal con azotea, y jardín, midiendo una extensión superficial en suelo y cielo de cuatrocientos cincuenta y cuatro metros cuadrados y la de ochenta metros sesenta y seis decímetros y veinticinco centímetros cuadrados de suelo sin cielo, correspondiendo esta a un ala de habitaciones tomada de la casa que es su lindante por la derecha número treinta y dos de la misma calle San Juan, que disfruta el cielo; ala que se compone de dos habitaciones corridas una de ellas con cierro a la calle, midiendo quince metros y veinticinco centímetros de largo por tres metros veinticinco centímetros de ancho, o sea con total superficie de cuarenta y nueve metros cincuenta y seis decímetros y veinticinco centímetros cuadrados; un pequeño cuarto de forma cuadrada a continuación de aquellas con un metro y cincuenta centímetros de lado, o sea, con superficie de dos metros veinticinco decímetros cuadrados; y un pasadizo o callejón hacia el fondo con acceso desde este último cuarto, con once metros cincuenta centímetros de largo y dos metros cincuenta centímetros de alto, o sea, con superficie de veintiocho metros y setenta y cinco decímetros cuadrados.

La casa contigua (nº 60), con la que compartía espacio el escritorio de Sánchez Ayala, S.A. también quedó abandonada al fallecer su propietaria y fue vendida al mismo promotor (AMSB, fichas del Catastro Inmobiliario)

En cuanto a las casas contiguas, han cambiado ya sus dueños:

«Linda esta finca por la derecha de su entrada con la número treinta y dos y treinta de la misma calle, antes respectivamente de Pablo Saelices García y Pedro de Mier y Díez, por la izquierda con la número treinta y seis de Francisco Romero Sánchez, hoy de Luis Romero Muñoz y hermanos, y por el fondo con otras de la calle de Sagasta, propias antes de Pedro de Mier, María de la Caridad de los Reyes y José Aldama, y con el trozo de jardín que forma parte de esta casa.

El jardín mide ciento veinte varas cuadradas y linda de frente al este con la casa que se describe y con la de Francisco Romero Sánchez, hoy de Luis Romero Muñoz y hermanos; por el fondo, al oeste, con casa antes de Andrés Romero, y con otra de Manuel García de Velasco, hoy de Agustín Sánchez Mosquera; por su derecha, al norte, con casa de José Aldama, y por su izquierda, al sur, con resto de jardin de la casa número 38 de la calle de San Juan, de herederos de Francisco González Lobato, hoy de los de Manuel Sánchez Castellano. En la segunda de las dos primeras habitaciones del ala de ellas, agregada a esta finca, o sea, la que está más al fondo, existe una ventana que da al patio de la finca de que se hizo la segregación, con dos metros de ancho y uno de alto, y en el pasadizo o callejón del fondo, existe otra ventana de setenta centímetros por un metro veinticinco centímetros, también al patio de la finca de que se hace la segregación, cuyas dos ventanas son solo de luces, constituyéndose las respectivas servidumbres en favor de esta finca que se describe, como predio dominante y sobre la finca resto, casa calle de San Juan numero 32, como predio sirviente, sin cargas. Su valor, ciento treinta mil pesetas.

En el padrón de 1935 figuran como residentes Miguel Sánchez Ayala, de 54 años y su esposa, Dolores Portales Merino, de 51, y sus hijos: Victoria, de 23 años, Carmen, de 21, María Joaquina, de 20, Aurora, de 17 años, y Miguel Sánchez Portales, de 11 años. Cinco años después, en el padrón de 1940, en el número 34 seguían viviendo los mismos.

Miguel Sánchez Portales.

Miguel, el único varón y el más joven de la familia, sería el heredero del negocio bodeguero y compraría la casa del número 26 de la misma calle San Juan para vivirla con su esposa, Pilar Delage Ferraro (Nacida en 1927 en Jerez). Un matrimonio muy fructífero, pues tuvieron nueve hijos: Pilar, Miguel (ambos nacidos en Jerez), Eduardo, Javier, Carlos, Dolores, Ignacio, Rocío y Gonzalo (nacidos en Sanlúcar) (17). Vivían en Sanlúcar desde 1950, pues desde su casamiento habían vivido en Jerez. En este mismo año 1960 aun viven sus padres en el número 34, Miguel Sánchez Ayala (que ya cuenta con 78 años), vinatero, y su esposa Dolores Portales Merino (que tiene 75) junto a su hija Aurora, de 41 años. Las demás no constan en el domicilio. Será en este mismo año cuando Miguel fuera nombrado segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento por el alcalde Francisco Zaragoza, aunque ya había ejercido como concejal durante seis años (18).

Etiqueta moderna de la manzanilla "Gabriela",
registrada por Sánchez Ayala en 1918

Al fallecimiento de Miguel Sánchez Ayala se practicarían las operaciones de liquidación de la sociedad conyugal y partitivas de la herencia, haciéndose en ella las referidas segregación y agregación, y constituyéndose las descritas servidumbres; y se adjudica la finca a su viuda en parte de pago de su haber conjunto por aportaciones gananciales, legado y cuota legal capitalizadas. En su virtud, se inscribe esta finca en favor de su viuda, Dolores Portales Merino. Diligenciado en Sanlúcar a 20 de enero de 1964.

En una de las últimas inscripciones registrales se ofrece la equivalencia métrica del jardín: ochenta y cuatro metros veinte decímetros cuadrados. Y su valor se estima en ciento diez mil pesetas. El 29 de agosto de 1973, con 88 años, falleció Dolores Portales, que ejercía la titularidad de la presidencia del Consejo de Administración de la empresa “Sánchez Ayala, S.A.”. Por su testamento se realizaron las operaciones particionales de su caudal, y en ellas resultó adjudicada en pleno dominio y parte de pago de su haber, a la hija y heredera, Aurora Sánchez Portales, soltera, a cuyo favor se inscribe su título de herencia de esta propiedad en Sanlúcar el 13 de febrero de 1975.

Tras el fallecimiento de las hermanas Joaquina (+1997) y Aurora (+2000), que estuvieron viviendo juntas los últimos años de su vida, la casa quedó deshabitada, y tras los oportunos trámites fue inscrita a nombre de sus sobrinos, que la vendieron hacia el año 2002 al empresario sanluqueño Juan Piñero, fallecido en este año 2022.

NOTAS

(1) AMSB: Plan general de ordenación urbana (PGOU). Aprobado en 1997. Catálogo de edificios protegidos. Agosto de 1994.

(2) CLIMENT, Narciso: Historia social de Sanlúcar de Barrameda, tomo 3, pp. 199 y ss.

(3) CLIMENT, N.: Historia social ..., tomo 4, p. 178. Era la zona 4ª del padrón, y la casa número 88.

(4) DAZA PALACIOS, S. / PRIETO CORBALAN, Mª. R.: Proceso criminal contra fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda (1774). Univ. de Sevilla, 1998, p. 76.

(5) Unos 364 metros cuadrados de superficie.

(6) Gaceta de Madrid, 9 de febrero de 1856, p. 3.

(7) ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD de Sanlúcar de Barrameda, FINCAS nº 4462 y 8217. Pablo de Mier aparece registrado como pasajero en el vapor-correo Santo Domingo, que salió de Cádiz para La Habana el 15 de mayo de 1863. El Pensamiento español, 18 de mayo de 1863, p. 4

(8) AHPC: Catálogo de alumnos del Instituto "Columela" y de la Escuela de Comercio.

(9) CLIMENT, N.: Historia..., tomo 6, p. 341, nota 439: Francisco de Paula Castillo Ulrich (1823-1910) nació en Sanlúcar de Barrameda, hijo de Luis y María del Carmen. Vivía en la calle Carmen 11.  Fue gobernador civil de Sevilla, cargo al que renunció para ser diputado a Cortes durante la Primera República. Fue diputado por Sevilla de 1869 a 1871 y por Priego (Córdoba) de 1873 a 1876. El 15 de noviembre de 1876, siendo vecino de Sevilla y viudo ya de María de la Paz Rodríguez Castillo, se casó en Sanlúcar de Barrameda con María Dolores Mier y Nodal. En 21 de diciembre de 1883 fue nombrado administrador municipal de consumos con el sueldo anual de 3.500 pesetas. En las elecciones para concejales de mayo de 1891 se presentó candidato en Sanlúcar pero no logró el cargo

(10) GOMEZ DIAZ-FRANZÓN, Ana Mª: “León de Argüeso y Argüeso (1801-1880), origen de las bodegas “Herederos de Argüeso” y “Manuel de Argüeso” en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)”. En el blog: http://desdetemplolucero.blogspot.com/2018/04/leon-de-argueso-y-argueso-1801-1880.html. Consultado el 31/10/2022.

(11) Se dio la circunstancia de que don Hipólito falleció inesperadamente en este mismo año 1881. Y algunos periódicos informaron de que su familia había cobrado una astronómica cantidad en concepto de seguro de vida que tenía suscrito con La New-York, compañía de siniestros de Cuba, con la que había firmado una póliza de 25.000 pesetas de la que tan solo habia satisfecho 1.297 en concepto de primas, con lo cual había obtenido un beneficio de 23.603 pesetas. [Anuncio en La Correspondencia de España, Madrid, 21 de abril de 1882, p. 4]

(12) ARPSB: Finca nº 4462, inscripción 8ª.

(13) AHPC, testamento de Francisco de Paula Selma Ruiz, natural de Sanlúcar de Barrameda. Protocolos 1272 y 1282 de El Puerto de Santa Maria.

(14) Ramón Romero Boch había pactado con la propietaria, Caridad Reyes Cordero, el uso y compraventa del jardín trasero de la casa mediante una especie de arrendamiento con opción a compra, por un valor de 12 mil pesetas, aunque reservándose Caridad Reyes el derecho de retraerla en un plazo de cuatro años. El jardin se incorpora a la vivienda el 14 de noviembre de 1905.

(15) GOMEZ DIAZ-FRANZÓN, Ana M.: Imagen publicitaria del Marco de Jerez: Un retrato de la época (1868-1936). Ed. Universo de Letras, 2019, Vol. II, pág. 427.

(16) CLIMENT, N.: Historia..., T. 8.

(17) AMSB, Padrón municipal de habitantes de 1960: Legs. 5186-5189.

(18) Miguel Sánchez Portales falleció en Sanlúcar el 14 de diciembre de 1990 con 65 años.

viernes, 12 de noviembre de 2021

Documental sobre José Colom Victor, librepensador sanluqueño

 EL LIBREPENSADOR JOSÉ COLOM VÍCTOR

Salvador Daza da a conocer esta figura sanluqueña, cuyo testamento, de 1913, aún no se cumplido.

En el último número de la revista Trocadero que edita la Universidad de Cádiz, ha visto la luz un artículo del historiador Salvador Daza Palacios, en el que desvela las claves de la vida y del pensamiento de José Colom Víctor, un excepcional sanluqueño, adelantado a su tiempo, que vivió entre la segunda mitad del s. XIX y los inicios del s. XX. Este singular personaje fue médico, abogado, investigador, pero, sobre todo, un republicano anticlerical y librepensador. Realizó sus estudios en Madrid y en Sevilla. Fue gran amigo de Fernando Lozano, el fundador del periódico madrileño Las dominicales del Librepensamiento, una cabecera de opinión durante muchos años adalid del anticlericalismo. 

Cuando regresó a su tierra natal, Sanlúcar, Colom Víctor fue depositario de una gran fortuna, pues provenía de una acaudalada familia bodeguera y de negocios. Invirtió entonces una parte de ese capital en intentar implantar el laicismo en la sociedad que le tocó vivir, algo absolutamente utópico en aquellos tiempos. Uno de sus objetivos fue que se construyera un cementerio civil para los no creyentes y para los practicantes de otras religiones que no fuera la católica, o que al menos se habilitara una sección del cementerio que ya existía para estos casos. El Ayuntamiento de la época se resistió todo lo que pudo a esta iniciativa, a pesar de que la ley apoyaba la reivindicación de Colom Víctor.  




Nombrado Presidente de Honor de los republicanos sanluqueños, durante toda su vida fue una especie de oveja negra para la burguesía de su ciudad, a la que pertenecía por nacimiento. Hasta su propio entierro fue motivo de escándalo y polémica, pues la ceremonia fue denunciada por el conde Aldama, personaje muy poderoso, pues era líder del integrismo y del carlismo en Sanlúcar y la provincia y diputado nacional, que vio con muy malos ojos que Colom Victor tuviera un entierro completamente civil, por lo que prohibió que se le hicieran al difunto los honores que le correspondían y se merecía. 

El artículo del profesor Daza desvela los detalles del testamento de tan peculiar personaje, un testamento que desde entonces, 1913, ha traído de cabeza a las autoridades por la dificultad de poner en ejecución su legado, pues, entre las diversas disposiciones de este, nuestro hombre dejó un enorme capital, bienes y propiedades para la implantación de una Fundación, cuyo principal objetivo debía ser «la demostración de la falsedad de todas las religiones». Un objetivo que los gobernantes de las distintas épocas consideraron «ilegal». Por ello, desde entonces tanto el patrimonio inmobiliario como el rústico de Colom Víctor ha ido pasando a personas particulares y se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo sin que se haya respetado la voluntad del testador. Aún hoy existen algunas de estas propiedades que no han sido adjudicadas. «El Estado debería ejecutar el testamento o bien hacerse cargo de ellas en virtud de no tener un dueño reconocido, para que pasen a formar parte del patrimonio público», defiende el autor de la investigación, Salvador Daza, que recupera una figura brillante y extraordinaria, José Colom Víctor, que hubiera merecido mayor atención por parte de la historiografía y de la política. 

viernes, 7 de julio de 2017

DISTURBIOS EN LA PROCESIÓN DEL CORPUS DE SANLÚCAR EN 1675.



A mi sobrino Gonzalo Neva Daza.

                   «…Y es el Santísimo sacramento venerado (como particularmente se echa de ver en esta nuestra ciudad de Sanlúcar). Gracias sean siempre dadas a los señores duques de Medina Sidonia; cuyo ínclito nombre será inmortal en la memoria de los siglos, por haber entablado en ella su culto y veneración, que a las catedrales más ricas y ostentosas del mundo no reconoce ventaja[1] …».

1.      La fiesta del Corpus bajo el régimen de Castilla.
            Velázquez Gaztelu explica las graves desavenencias habidas tras la Incorporación de Sanlúcar a la Corona de Castilla (1645) entre el cabildo eclesiástico y el cabildo municipal[2]. Estas tensas diferencias tenían que ver con el ceremonial litúrgico y los honores que les eran debidos a los regidores municipales, que reclamaban que se les distinguieran en las festividades religiosas tal y como se hacía en otras ciudades de Castilla. El historiador ilustrado no tiene reparos en culpar de esta actitud a los beneficiados de la Iglesia Mayor, que ocultaban, «bajo la ceniza de una quietud aparente», un fuego que iba fermentando y «que reventó finalmente en llamas».


            En 1648, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de defender su privilegio de que los regidores llevasen las varas del palio en la importante procesión del Corpus, contra la decisión de un visitador del Arzobispado que pretendió que fuesen los clérigos los que lo llevasen. Casos como éste y otros muchos ocurridos, ocasionaron al Ayuntamiento diversos pleitos y recursos contra el cabildo eclesiástico, causando así «muchas disensiones y disgustos» que habían llegado a ocasionar «escándalos muy ajenos de la gravedad y decencia de ambos cuerpos». 
            Estas opiniones se refieren a los años inmediatamente posteriores a dicha Incorporación a Castilla. Pero por el asunto que explicaremos a continuación, estos incidentes parece que siguieron repitiéndose a lo largo de todo el conflictivo siglo XVII. En este caso concreto, también afectaba a la muy solemne y arraigada procesión del Corpus, la más antigua fiesta religiosa de la que se tiene noticia en la ciudad, pues aparece mencionada ya en 1513[3]. En esta festividad litúrgica se fueron incluyendo progresivamente las comedias o autos sacramentales, la tarasca, las danzas, los gigantes, los fuegos, y demás ceremonias que convertían esta celebración en una verdadera feria para el pueblo. El Ayuntamiento destinaba un presupuesto de más de 1.000 ducados cada año para financiar sus costes, con lo que se lograba, según el ya citado Velázquez Gaztelu, «que pocas ciudades del contorno» superaran a Sanlúcar en la ostentación y dispendios con que se celebraban estas funciones.


            Por un asunto hoy tan nimio como el lugar que le correspondía al cabildo municipal en el cortejo de la procesión, se creó un conflicto de graves proporciones en el día del Corpus de 1675. Se enfrentaron violentamente los capitulares civiles con los miembros del clero parroquial y obligaron con ello a intervenir a las autoridades superiores, encarnadas en el arzobispo de Sevilla y en el Consejo de Castilla. Como en otras ocasiones, cada una de las partes expuso sus razones con más o menos veracidad y vehemencia para que se les otorgara, desde lo más alto del poder estatal, una sentencia favorable a sus intereses.    

2.      Crónica de lo sucedido, según el cabildo municipal.
            Estamos a 13 de Junio de 1675 «y siendo como las nueve del día, se juntaron en las casas públicas del cabildo y Ayuntamiento los señores capitulares, presididos por el licenciado Miguel de Cerquera Portollano, alcalde mayor y corregidor[4]».
            Los diputados de fiestas, Bernardo de Trujillo y Miguel Censio de Guzmán, explicaron que habían acordado abandonar la procesión y reunirse en la casa consistorial porque el clero parroquial no le había permitido colocarse en el sitio que, según ellos, le correspondía al cabildo municipal. Los frailes dominicos portaban el palio en nombre de los regidores, por convite especial de éstos. El maestro fray Enrique de Guzmán, señalado miembro del clero regular, era uno de los invitados a llevar el palio. Éste, según los diputados, había ido siempre inmediato a las andas del Corpus, haciéndole sombra, pero en esta ocasión, «se interpuso entre ellas y el palio don Fernando Caballero de los Olivos, beneficiado propio de la Iglesia mayor Parroquial, que asistió de preste, con sus acólitos». Los diputados de Fiestas, en nombre de la ciudad, reclamaron su lugar, porque el preste se había colocado en un lugar que no le correspondía, ya que, por no llevar en sus manos la custodia, debía ir detrás del palio, «y éste inmediato a las andas, haciéndole sombra y reverencia», según estaba ordenado y dispuesto y se había practicado otras veces en la misma procesión.

             Los regidores entonces recurrieron al vicario y a los beneficiados «para que diesen orden y se enmendase y pusiese en su lugar el palio, posponiendo al preste y acólitos». Pero no hubo acuerdo, por lo que se produjeron varias altercaciones y discusiones, menospreciando el clero la propuesta de la ciudad, «con no pequeña admiración, escándalo y confusión de los circunstantes, tomando en ella más mano para el desahogo, desprecio y ajamiento de la ciudad los beneficiados Francisco de los Reyes Valderrama, Francisco de Bolaños y Francisco Moreno». Esta actitud no la esperaban los regidores, pues tales beneficiados debían estar muy agradecidos con el cabildo municipal por «ciertas atenciones» que con ellos habían tenido.
            Estos beneficiados resolvieron «que no se debía enmendar» el orden ya establecido y que la procesión debía proseguir «en la forma en que había dado principio». Una decisión que no era la primera vez que se tomaba, pues algunos años anteriores, siendo vicario Alonso de Lisalde ya se quiso implantar tal «novedad», pero, ante la protesta del cabildo municipal, que justificó su derecho y privilegio, se reconoció por parte del clero que su decisión era «temeraria y falta de reverencia» y resolvió que el palio fuera como había ido siempre, es decir, inmediato a las andas y después, tras el palio, el preste y sus ministros. Así que el cabildo no podía permitir este nuevo intento de alterar la costumbre, que interpretaba como «un atropellamiento y desorden». Por lo tanto, los regidores habían resuelto «retirarse del acompañamiento de la festividad, siéndole de no pequeño dolor, mortificación y desconsuelo, así en faltar a tan religioso y piadoso acto, como del escándalo que ocasionó la resolución que por el vicario y beneficiados se tomó».
            Los diputados pidieron que el cabildo municipal presentara las denuncias y recursos oportunos para que se le diera una satisfacción a tal «ofensa». Sería el alcalde mayor el que debería iniciar un sumario sobre lo ocurrido. También decidieron que Tomás de Ortega, teniente de escribano del Cabildo, diera un testimonio por escrito de la negativa que dio el vicario a la petición hecha por los diputados. Una «novedad» que había ocasionado «ruido y escándalo», pues el palio siempre se había llevado de la misma forma en otros años y en otras procesiones.
El arzobispo sevillano Espínola Guzmán
            Todos los caballeros asistentes dieron veracidad al testimonio, pues se hallaron presentes durante los incidentes. Y pidieron por unanimidad que se escribiera una carta al arzobispo sevillano, Ambrosio Ignacio de Espínola y Guzmán, remitiéndole un traslado del acuerdo y del requerimiento que se le había hecho al vicario. En dicha carta le pedían que «tenga por bien se corrija y dé pública y entera enmienda al caso sucedido». Y que ordenase que el palio fuera en el sitio, lugar y forma en la que siempre había ido, ya que la ciudad había de dar fin el siguiente jueves, día veinte del mismo mes, la que sería la Octava de la solemne festividad, y en ella volvería «a salir manifiesto nuestro Dios y señor Jesucristo sacramentado». O sea, que se repetiría la procesión. Así que necesitaban una respuesta rápida del arzobispo que le diese al cabildo «los espirituales consuelos» que necesitaba en tan «grave y penosa mortificación».
            Lo que no dice el acuerdo es que dos de los regidores implicados en el altercado, Bernardo de Somoza y Miguel Sencio de Guzmán, se desplazarían a Sevilla para llevar personalmente la carta y petición al arzobispo, con el fin de ganar tiempo. Cinco días más tarde, el cabildo tuvo noticia de que habían regresado y traían en sus manos la carta de respuesta que dio el prelado. Así que se juntaron todos a cabildo para abrir la carta y leerla[5].  
            Pero todos se llevaron una gran decepción. La carta del arzobispo responsabilizaba totalmente de los hechos a los capitulares municipales, pues, en su opinión, debían haber transigido con la determinación del vicario y luego haber presentado todas las reclamaciones que quisieran. Se trasluce, por la información que vierte el prelado en su carta, que éste ya había sido convenientemente informado por el clero local. El mitrado hispalense asegura encontrarse consternado por lo ocurrido, pues se había dado un mal ejemplo a los extranjeros no católicos que residían en Sanlúcar en una festividad litúrgica tan importante. Aseguró a los regidores que le constaba por la información jurídica que se había hecho que la costumbre desde hacía más de 40 años era que el preste fuese «inmediato a la custodia y luego el palio». Así lo habían declarado algunos testigos ante el arzobispo, que también aseguraron que el año anterior, el día de la Octava del mismo Corpus, también se hizo así, a pesar de que el Ayuntamiento pretendió también –sin éxito– cambiar el ceremonial canónico. Éste mandaba que el preste fuese debajo del palio y llevase en sus manos el santísimo, aunque, explica el arzobispo hispalense que, «por haberse introducido el uso de custodias tan ricas, no puede el preste llevar a su Majestad». Pero se podía deducir que era conforme a dicho ceremonial que se conservase la «inmediación entre el santísimo y el preste», por la «razón grande de congruencia de que, si sucediese algún acaso de caerse la custodia u otro accidente semejante, que necesitase del recurso pronto, se hallase inmediato el preste para acudir[6]».

            Teniendo en cuenta que el cabildo había recurrido de manera urgente al arzobispo para que no se repitiese el enfrentamiento en la procesión de la Octava, que tendría lugar el siguiente domingo, el arzobispo decidió ordenar al vicario que la procesión se hiciese «en la forma que jurídicamente consta se ha estilado, ocupando el preste el lugar inmediato a la custodia». El mitrado esperaba la conformidad del cabildo sanluqueño, por «su piedad y devoción», reservando para más adelante una resolución más detallada de acuerdo con la demanda formulada[7].
            El cabildo acordó celebrar sesión general para el día siguiente, 19 de Junio, a las ocho de la mañana. También se acordó pagar 180 reales al propio que fue a Sevilla a llevar la documentación elaborada por el alcalde mayor, que la entregó a los capitulares que ya estaban en la capital.
            Al día siguiente se celebra el cabildo[8]. Se volvió a leer la carta de respuesta del arzobispo, se analizó y se manifestó con dolor que el purpurado no había tenido en cuenta la información  aportada por los regidores, sino sólo las declaraciones realizadas por los mismos eclesiásticos. La ciudad quedaba «con sentimiento y dolor por ello», pues la resolución era contraria a lo que pasaba «en todas las demás iglesias» y a la justicia, que para el cabildo era que el palio fuese «haciendo sombra y reverencia a Cristo sacramentado, y que después de él vaya el preste y sus ministros, que es quien cierra y remata la procesión», que  era la forma que se ha practicado siempre en la ciudad. Se acordó pues enviar esta respuesta al arzobispo, remitiéndola por medio del prebendado sevillano Andrés de León. A éste le estaban muy agradecidos los capitulares, «por la merced que hizo asistiendo a los diputados que fueron a Sevilla».

Parroquia de Ntra. Sra. de la O de Sanlúcar
            Se acordó que el día de la Octava del Corpus, no obstante el pleito que se había entablado con el clero, asistiera a ella la tarasca, los gigantes, las danzas, fuegos y todo lo demás, y que se hiciese además «toda la demostración posible» de paz y concordia, pues no tenían ánimo los regidores de descuidar el culto al Señor sacramentado. Pero, por contra, decidieron no asistir a las ceremonias de la Parroquial, «por evitar otro cualquiera inconveniente». 
            El 22 de junio se acordó escribir una carta al Presidente de Castilla, dándole cuenta de todo lo sucedido, remitiendo al Real Consejo un testimonio de la información que se había hecho. Se cometió el asunto a Gerónimo Espinosa de los Monteros[9].    Pero, a pesar de todo, se serenaron los ánimos, y el cabildo acordó asistir a la fiesta de san Pedro el 29 de junio, a la que había sido convidado por el clero[10].
            Los regidores que habían ido a Sevilla, Bernardo de Somoza y Miguel Sencio de Guzmán,  presentaron una factura al cabildo que ascendía a 1.336 reales, que fueron los que gastaron en su viaje. Se acordó pagarlos con el dinero reservado para Fiestas[11].
            Pocos días después se procedió al recibimiento del nuevo gobernador de la ciudad, Gabriel Laso de la Vega, conde de Puertollano. También se le dio posesión al nuevo alcalde mayor, Fernando Márquez Franco[12]. Pero estos nuevos mandatarios no pudieron evitar que el cabildo insistiera sobre sus peticiones ante el arzobispo. Así que se acordó ver de nuevo la carta que se escribió al mitrado con el fin de «hacerle recuerdo» para que tomase una resolución definitiva sobre el asunto tal y como había prometido[13]. Así se hizo dos días más tarde. Pero la respuesta del arzobispo no llegaría hasta final de mes[14].
3.      Investigación sobre los hechos ocurridos realizada por el alcalde mayor de Cádiz[15].
            Sin embargo, unos días antes, se presentó en la ciudad el alcalde mayor de Cádiz, Bernardo de Saravia, con el fin de realizar una información sumaria –en virtud de una orden dada por el Consejo de Castilla–, que averiguase la certeza de los hechos denunciados por el clero y el Ayuntamiento. Este magistrado estuvo asistido en sus diligencias por el escribano Joseph Mateos. En la real provisión dada al efecto, Antonio de Monsalve, del citado Consejo, daba las instrucciones oportunas al juez para llevar a cabo la investigación de lo ocurrido[16].

Interior de la Parroquia Mayor
            El expediente abierto por el alcalde gaditano lo encabeza una denuncia presentada por el clero sanluqueño ante el presidente del Consejo de Castilla, el marqués de Montealegre. A esta denuncia se atendrá básicamente el juez Saravia para preguntar a gran cantidad de testigos sobre la veracidad de las afirmaciones que en ella se contienen. La denuncia presentada por el clero, firmada tres días después de la procesión, estimaba que el Ayuntamiento quiso imponer una «novedad» en el ceremonial del desfile procesional que no era de su incumbencia, contra la voluntad del clero. Pero, a pesar de ello, éste le respondió en todo momento, «con toda modestia», que «el preste iba donde debía ir y acostumbraba». Esta discusión causó la detención del cortejo, originando el consiguiente alboroto y escándalo entre el pueblo.
            Al cabildo municipal no le bastaron las persuasiones y razonamientos esgrimidos por el vicario y los demás clérigos, sino que tomaron la decisión de abandonar la procesión, dejando el palio y el guión en otras manos. Pero lo que era aún más grave, «dieron orden para que las danzas de gitanos se retirasen, y hasta un simple, que visten por festejo[17], le desnudaron inmediatamente. Todo ello con grave escándalo, constituyendo la mayor sorpresa que puede caber en pechos católicos… habiendo tanto hereje como en esta ciudad asiste». Pero, sin duda, la acusación más grave que realiza el escrito del clero era la supuesta amenaza que el regidor y diputado de Fiestas, Miguel de Guzmán[18], lanzó al licenciado Francisco de los Reyes Valderrama, cura y beneficiado, espetándole en el transcurso de la discusión que “si no fuera clérigo le daría muchas puñaladas”.
            Así que la procesión siguió sin el Ayuntamiento. Pero no sin las danzas, según la versión dada por los eclesiásticos, pues los gitanos (amenazados con que no se les pagaría lo acordado) no obedecieron la orden del cabildo de que se retirasen, sino que respondieron que servirían a Dios y seguirían danzando en la procesión. Toda la actitud del cabildo fue «en odio del clero», según éste. Pedían pues los eclesiásticos una reparación y una satisfacción de la irreverencia cometida contra el sacramento cristiano y contra sus ministros, que fueron despreciados a los ojos de tantos herejes[19].
            El 27 de julio llegó Saravia a Sanlúcar. Fue en barco desde Cádiz hasta El Puerto y desde aquí en calesa por el camino hasta Sanlúcar. Notificó la real provisión al gobernador, el conde de Puertollano, y el mismo día hizo un llamamiento para que declararan los testigos. A través de las declaraciones de éstos se reconstruyen los hechos acaecidos el 13 de Junio en los momentos previos a la procesión.
            Resumen de las declaraciones de testigos
            El primero en declarar fue Antonio Andrés Palomino, pertiguero de la Parroquial, y procurador, de 40 años de edad. Tras él, Francisco Moreno de Prado, clérigo presbítero, de 35 años de edad. El tercer testigo fue Manuel Álvarez, clérigo de menores órdenes, de 21 años[20]. El siguiente en declarar fue el clérigo Bartolomé Salvatierra, maestro de ceremonias de la Iglesia mayor, de 37 años. Éste dijo que todos los regidores juntos, ayudados por los religiosos de Santo Domingo, que iban llevando el palio por convite de la ciudad, dieron mayores voces diciendo que el preste debía ir detrás del palio e insistieron mucho en que si el preste no se ponía detrás no habían de llevar el palio[21]…Todos los testigos eclesiásticos declararon a favor de las tesis de la iglesia local, como no podía ser de otra forma.
            Fernando Caballero de los Olivos, presbítero, de 37 años, fue uno de los protagonistas del incidente. Declaró que desde hacía catorce años estaba en la Iglesia mayor, en donde era beneficiado propietario, y había visto todas las procesiones del Corpus. Y en todas, el preste con el diácono y subdiáconos habían ido inmediatamente a la custodia y detrás el palio[22].
            El mismo día declaró Francisco de los Reyes Valderrama, presbítero, de 51 años, otro de los protagonistas de la discordia. Dijo que se hallaba presente cuando salía la procesión de la iglesia mayor, en que asistió como cura y beneficiado. Manifestó que el lugar del preste era el inmediato a la custodia, donde había ido y le había visto ir desde hacía 26 años. El clero dijo que no se debía hacer novedad en esto, ante lo cual «todos los regidores, en especial Miguel Gómez, Bernardo de Trujillo, diputados de Fiestas, tuvieron voces con el clero y don Miguel llegó al testigo a preguntarle que dijese, como vicario que había sido, lo que era costumbre. Y el testigo le respondió que[23] la costumbre inmemorial que se había guardado siempre era ir el preste inmediato a la custodia».  Y que según el ceremonial del Ritual Romano, era el preste el que llevaba al Señor sacramentado en las manos, ya que el ir colocado en la custodia y en andas «era cosa material». Sobre esto hubo discrepancias entre ambos y resultó encolerizarse el citado don Miguel y decir al testigo algunas [palabras], las cuales le ha perdonado, por haber sido contra la persona. Valderrama le replicó entonces a Miguel Gómez «que atendiese que estaba presente nuestro Señor sacramentado, y con esto sea acabó la discusión».
            A Antonio Pérez, alguacil de la Real Justicia, de 37 años, le preguntó el juez por la cita que le había hecho Bartolomé de Salvatierra, maestro de ceremonias. Pero dijo que no estaba presente en la procesión ese día cuando «los diputados de Fiestas dieron la orden para que se retirasen las danzas. Pero poco después oyó decir que los dichos diputados dieron tal orden, según oyó decir, y que allí habían enviado dos alguaciles o a los porteros del cabildo».
            Diego Sánchez, vecino en el Pozo Amarguillo, de 44 años, había sido citado en su declaración por el clérigo Manuel Álvarez. Pero dijo que no estaba en la iglesia al tiempo que salió la procesión.
            El juez Saravia y el escribano Mateos no estuvieron muy finos con estas diligencias, pues uno de los testigos que declara aparece al principio del acta nombrado como Alonso Garibay, vecino de la ciudad. Sin embargo, al final del acta aparece la firma de Gerónimo Espinosa de los Monteros, de 43 años. Éste dijo que el día del Corpus no iba en la procesión sino que estuvo viéndola con otros caballeros en casa del sargento mayor Juan V. de Castro. Alonso Castaño Arredondo, regidor[24], de 52 años, dijo que aunque era regidor, «no pudo asistir el día del Corpus a la procesión por estar de luto, y se fue a un zaguán a verla pasar». Después oyó contar todos los incidentes ocurridos. Y confirmó la costumbre, ―como los demás testigos civiles―, de que el preste iba siempre en las procesiones después del palio.
            Andrés Riquelme declaró el día 28 de Julio. Era también regidor del Ayuntamiento, con 50 años. Asistió como representante del cabildo a la procesión. Era cierto que se habían retirado de la procesión por los motivos ya conocidos. La decisión del clero iba contra la costumbre, según Riquelme, que reconoce que este conflicto ya se había producido en varias ocasiones, aunque siempre se había escuchado el dictamen del Ayuntamiento. Pero en esta ocasión los eclesiásticos rechazaron[25] y menospreciaron su opinión, «en particular el licenciado Francisco de los Reyes Valderrama, a quien le adujo uno de los diputados, que era Miguel Gómez de Guzmán, que bien sabía, pues había sido vicario, que se había estilado siempre lo contrario de lo que pretendían. Valderrama le respondió que no le entendía y que se fuese de allí; a lo que don Miguel le respondió diciéndole que le veneraba por ser presbítero, que si no, otra cosa fuera...».
            Alonso Aguilar, licenciado presbítero[26], de 46 años, dijo que «por hallarse en estado achacoso, no asistió a la procesión., pero después había oído decir públicamente que hubo diferencias entre el clero y la ciudad. Confirmó que el preste iba inmediato a las andas, que era el lugar donde siempre había ido, aunque era cierto que el año 1673, en la procesión de la Caridad, en la que iba de preste el licenciado Juan de León, se produjo la misma situación, y el vicario cedió al dictamen de la ciudad, «cosa que pareció después mal a los compañeros y le reprendieron».
            Joseph Carrera, clérigo presbítero[27], de 55 años de edad, iba en la procesión y confirmó todo lo ya sabido. Tomás de Ortega, de 32 años, escribano y teniente de Juan de Torres Leiva, que ejercía en el Ayuntamiento, declaró porque fue mencionado en el sumario. Juan Gabriel, portero de cabildo, de 29 años, fue preguntado si el cabildo había ordenado que se retirasen las danzas de la procesión[28]. Pero no lo confirmó.
            El mismo 28 de Julio, el juez tomó declaración al capitán Pedro de Bolaños Villavicencio, de 50 años, que estaba el día del Corpus por la mañana en el zaguán de su casa, en la calle de Caballeros, esperando la procesión.  El mismo 28 de Julio, el alguacil Pedro Sedeño, llevó ante el juez a Juan Moreno, gitano, de 50 años, vecino de la ciudad. Fue preguntado por la cita que le habían hecho y dijo «que gobernó las danzas que fueron en la procesión del Corpus. Y NO tuvo orden [alguna] de la ciudad ni de la Justicia, ni de ministros para salir de la procesión ni dejar de danzar, y así siempre fueron en la procesión sin hacer novedad hasta volver a la Iglesia mayor». 
  
La antigua procesión iba acompañada por unas danzas de gitanos
            Mariana de Flores, gitana, de 50 años, mujer de Juan Moreno, testigo anterior[29], dijo que era «la autora y cabo de las danzas que salieron en la procesión del Corpus, y como tal siguió la procesión hasta que volvió a la Iglesia, y nunca tuvo orden del Regimiento, ni de los alguaciles para salir de la procesión ni dejar de bailar».
            El juez Saravia dio entonces por concluida la sumaria de averiguación de los hechos acaecidos[30]. Ordenó pues que se certificara todo y se enviara a la ciudad de El Puerto para que desde allí el Correo mayor lo remitiera a Antonio de Monsalve, miembro del Consejo Supremo de Castilla. También dejó constancia de que nadie había cobrado salarios ni costas algunas por el expediente informativo. Así que los gastos ocasionados los sufragaría el propio juez «hasta que se le ordene otra cosa». El expediente finaliza el mismo 28 de Julio.
            Resolución final sobre el asunto.
            El 19 de Julio, el cabildo municipal había decidido insistir ante el arzobispo para que éste emitiese un dictamen definitivo sobre el asunto, con la intención de prevenir otros incidentes en cualquier otra procesión en la que asistiera el cabildo –en especial la del 15 de Agosto– y poder conservar así «la paz y unión con el estado eclesiástico». Se acordó «hacerle recuerdo a su eminencia para que tome resolución [definitiva] como insinuó en su carta a esta ciudad[31]». Así se hizo dos días más tarde. Pero la respuesta del arzobispo no llegaría hasta final de mes[32], cuando ya el juez Saravia había finalizado su comisión judicial.
            El arzobispo responde que resolvería el asunto «pastoralmente» y en beneficio «del culto divino». Y había estimado que el palio debía, en efecto, dar sombra a la custodia, para lo cual debía levantarse lo suficiente y así podría ir el preste inmediato después de las andas. Los capitulares que debían llevar las varas del palio las debían levantar mucho más para que debajo cupiese la custodia, pues éste era «el fin para el que se destinó y la forma con que el ceremonial dispone [que] se lleve...».  Así se lo ordenaría al vicario para que lo ejecutase en la parte que le tocaba.
            Acabáramos. La cuestión radicaba pues en que las varas del palio no eran lo suficientemente altas para cubrir la custodia y por tal motivo debía ir detrás del paso. Así que los regidores dijeron que la resolución que el arzobispo había tomado era lo que la ciudad había deseado, y era la más decente. Así que se acordó cumplir dicha resolución. Aunque sin perjuicio de la decisión que aún esperaban del Consejo de Castilla.
            A raíz de ello, se encargó a varios regidores que reconocieran el palio y le dieran la forma adecuada para lo que su ilustrísima había dispuesto. Pero no estaba claro del todo aún, pues días más tarde se acordó que tres capitulares vieran al gobernador y llegaran a un acuerdo sobre quienes debían llevar el palio, pues si lo llevaban los regidores no quedarían capitulares suficientes para formar la comitiva oficial que debía ir acompañando la procesión. Por lo tanto estimaban que se debía seguir invitando a quienes lo llevasen, pero siempre deliberando «lo que más convenga a la paz y quietud que se desea entre ambos estados[33]». 
            Debieron calmarse los ánimos tras la procesión del 15 de agosto, pues a fines de este mes, el conde de Puertollano, gobernador, comunicó al cabildo la respuesta que le había enviado el arzobispo «en razón de estar ya convenidos y ajustados, en toda paz y conformidad, el estado eclesiástico y la ciudad, sobre lo sucedido en el día de Corpus». El prelado hispalense le transmitía al gobernador sus «buenas esperanzas» de que en el asunto se tomaría una «favorable expedición». También había recibido el gobernador otra en el mismo sentido de Antonio de Monsalve, consejero de Castilla[34]. En este caso, sin embargo, el máximo mandatario castellano no ahorra críticas contra el cabildo. Le anuncia que el Consejo había decidido sobreseer el expediente judicial abierto por Saravia, pero también, a la vista de todo ello, había acordado advertir a la ciudad «que se podría haber excusado el lance que pasó en la procesión, fiesta de la mayor solemnidad», pues se debía haber procedido «con la mayor modestia y reverencia a Jesucristo Nuestro señor sacramentado, y más en una ciudad donde concurren tantos extranjeros, a quienes se debía dar mucho ejemplo y no ocasionar este escándalo».
            También había sido informado el Consejo de que las varas del palio eran muy cortas, con lo cual no podían cubrir la custodia, así que le parecía muy conveniente que se hiciesen de manera que la cubriesen, con lo cual se conseguiría que el preste fuera inmediato a la custodia y al palio, y se excusaran así los inconvenientes ocurridos.
            A pesar del rapapolvo, el cabildo acordó dar las gracias a Monsalve, por la merced que le había hecho en promover la paz que deseaba con el estado eclesiástico, «en servicio de ambas majestades» y que intentaría mantener a toda costa. Se escribiría una carta al arzobispo, dándole también la gracias por los medios que había puesto «para la conservación de la paz que esta ciudad ha experimentado con la resolución que el Consejo ha tomado», y que se llevaría a efecto a partir de ese momento en todas las procesiones, con la mayor ostentación. Y así se haría en los años venideros. Siempre que se reformaran y alargaran las varas del palio, claro, pues por la cortedad que tenían no podían servir para los fines que había estimado el arzobispo en su resolución.

            Por lo tanto, el cabildo acordó hacer un palio nuevo con las varas más largas, el más rico que se pueda, en consideración a que el palio que existía en la Iglesia Mayor, aunque se le alargasen las varas no podría cubrir y hacer sombra a las andas, por ser cortas en largo y finas en ancho....Se haría «de tela de horquilla? de oro y seda blanca, con flecos de oro de Milán[35], con sus caídas de la misma tela, forro, y lo demás que condujere a la mayor decencia. Y que sea capaz para cubrir las andas y custodia de largo y ancho, bordando un escudo en el cielo, y en las caídas, el [escudo] de la ciudad». Los diputados encargados deberían hacer «tanteo» de su costo y dar cuenta de ello al cabildo.
            No hay más noticias sobre el asunto, así que suponemos que esta decisión salomónica fue de la satisfacción tanto del aguerrido clero sanluqueño como de los muy celosos regidores municipales.
SALVADOR DAZA PALACIOS


[1]     BP de Cádiz: COUTIÑO, Ignacio: Sermón en la publicación del jubileo general que concedió la Santidad del Sumo Pontífice Urbano VIII este año de 1641. Predicóle en la Iglesia Mayor de Sanlúcar el tercer domingo de Julio. Ofrecido al Excmo. príncipe y señor duque de Medina Sidonia, por cuya orden fue predicado. Impreso en Cádiz, por Fernando Rey, en 1641, pág. 136 del volumen.
[2]     VELÁZQUEZ GAZTELU, J. P.: Historia, T. II,  p. 457 y ss.
[3]     VELAZQUEZ GAZTELU, Historia..., p. 474 y ss.
[4]     AMSB: Actas capitulares, cabildo de 13 de junio de 1675, fol. 79-80. Asisten: Francisco Maldonado de León, Fernando de Rosas, alguacil mayor, Francisco de Isla Solórzano, Francisco de Rueda y Vila, capitán Juan Pérez de Moreda, Andrés Riquelme, Bernardo de Somoza, capitán Cristóbal Antonio de Esparragosa, Bernardo de Trujillo, Miguel Censio de Guzmán, Diego de Esqueda y Gonzalo Márquez Pacheco, todos capitulares con voz y voto de regidores.
[5]     AMSB, Actas...Cabildo de 18 de junio de 1675, f. 83 y ss.
[6]     Se da la curiosísima circunstancia de haber ocurrido este hecho en la procesión del Corpus de Sanlúcar, celebrada el 14 de junio de 2015, al tiempo que redactábamos estas líneas. La caída de la forma consagrada insertada en el viril de la rica custodia parroquial, debida a una mala colocación y al fuerte viento de levante existente dicho día, produjo la suspensión de la procesión, siendo sustituida precisamente por un desfile del preste bajo palio llevando la custodia de mano.
[7]     Carta firmada por el arzobispo en su sede hispalense el 16 de junio de 1675.
[8]     AMSB, Actas, Ibíd., f. 86...
[9]     AMSB, Actas...Sesión de 22 de junio de 1675, f. 87v
[10]    Sólo para discutir esto se celebró la sesión del 27 de junio (fol. 90)
[11]    AMSB, Actas...Sesión de 28 de junio, f. 92v-93. Recordemos que el propio que llevó la documentación, cobró sólo 180 reales…
[12]    AMSB, Actas...Sesión del 6 de julio de 1675.
[13]    AMSB, Actas...Sesión de 19 de julio de 1675, f. 110v
[14]    AMSB, Actas...Sesión de 30 de julio, f. 113.
[15]    AHN: Consejos, 26103, exp. 4: “Información sumaria sobre los disturbios que hubo en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el día del Corpus de 1675”.
[16]    AHN, ibíd., f. 1.
[17]    Simple: Bobo, boba: En el teatro español primitivo, personaje cuya simpleza provocaba efectos cómicos.
[18]    Se refiere a Miguel Censio de Guzmán, al que siempre llaman de forma abreviada: Miguel de Guzmán.
[19]    Escrito firmado por Bartolomé de Liébana, Fernando Caballero de los Olivos, Juan de Rama, Francisco de Bolaños, ante el notario apostólico Pedro de Torres, en Sanlúcar, a 16 de junio de 1675.
[20]    AHN, Ibíd., f. 13.
[21]    A este importante testimonio no se le quiso prestar la debida atención. Quizás estuviese aquí el origen del conflicto. No hay que olvidar que los regidores no eran quienes llevaban personalmente el palio sino que habían invitado en esta ocasión a los religiosos de Santo Domingo, que también eran clérigos, entre ellos el padre maestro fray Enrique de Guzmán, entonces muy venerado. Habría que deducir de estos hechos también una posible rivalidad entre eclesiásticos seculares y regulares a la hora de presidir los honores del cortejo.
[22] AHN, Ibíd., f. 18.
[23] AHN, Ibíd., f. 20.
[24] AHN, Ibíd., f. 25
[25] AHN, Ibíd., f. 27.
[26] AHN, Ibíd., f. 28.
[27] AHN, Ibíd., f. 29.
[28] AHN, Ibíd., f. 31
[29] AHN, Ibíd., f. 33.
[30] AHN, Ibíd., f. 34.
[31] AMSB, Actas.... Sesión de 19 de julio de 1675, f. 110v
[32] AMSB, Actas...Sesión de 30 de julio, f. 113-114.
[33] AMSB, Actas...Sesión del 5 de agosto, f. 116.
[34] AMSB, Actas… Sesión de 30 de agosto, ff. 126-128.
[35] Tela de lino que se fabricaba en Milán, ciudad de Italia.