CRÓNICA Y ANIVERSARIO DE UNA RUINA

El interior de un palacete del siglo XVII de la calle Regina de Sanlúcar fue demolido para construir un aparcamiento que nunca se llegó a terminar.

(Publicado por DIARIO DE CADIZ, domingo, 28/10/2012)

Salvador Daza Palacios

A lo largo de este año 2012 se ha cumplido el trigésimo aniversario de la parálisis total de un proyecto de aparcamientos que la desaparecida empresa PYPSA, S.L. había concebido en una antigua casa solariega situada en la calle Regina nº 34 de Sanlúcar. La gran mansión, construida en el siglo XVII según el modelo de casa de Cargadores a Indias, fue durante muchos años propiedad de la familia Colom, que la adquirió en 1847. Entre los ilustres huéspedes que alojaron durante tantos años se encontraba el compositor sevillano Joaquín Turina quien, junto con su familia, pasó algunas temporadas veraniegas en nuestra ciudad. En esta casona escribió, entre otras obras, su ópera Margot y la gran “Sonata pintoresca para piano” titulada precisamente Sanlúcar de Barrameda. Pero los miembros de la familia Colom no encontraron los recursos suficientes para sufragar las grandes reparaciones que la finca necesitaba hacia fines de los años setenta del pasado siglo y decidieron venderla.

Poco tiempo después, la citada empresa constructora creyó encontrar una solución mágica para obtener beneficios rápidos con la inversión que había realizado comprando el inmueble. A la vista de la gran expansión automovilística y turística de aquellos años en las ciudades costeras, el negocio de construir un gran aparcamiento en el centro de Sanlúcar parecía un beneficio seguro. Pero ¿qué solvencia tenía esta empresa para abordar tal inversión y proyecto?

PROMOCION DE VIVIENDAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

La empresa PYPSA fue creada hacia fines de los años sesenta y en el transcurso de diez años se convirtió en una gran empresa que daba empleo a muchos obreros de la construcción. En el verano de 1971 anunciaba en Sevilla la promoción del “Conjunto Residencial Puerto Lucero”. En 1972 la empresa se había embarcado en una gran promoción en Chipiona, casi en la mismísima playa de Regla, el edificio “Chipiona”, una mega- construcción de pisos y apartamentos de 1 a 3 dormitorios cuyos precios oscilaban entre las 260.000 y las 380.000 pesetas, con facilidades de pagos aplazados hasta 10 años (1). Tres años después, la empresa estaba finalizando uno de sus proyectos más emblemáticos, el edificio “Barrameda”: «Algo diferente: su piso dentro de la ciudad, con las ventajas de vivir junto a la playa, en la zona de más revalorización de Sanlúcar (2)». Otra de las grandes obras que realizó esta constructora fue el edificio conocido como "Magerit", al principio de la avenida Cerro Falón, y que dio nombre a un pub-restaurante que se convirtió en emblema de la firma, pues fue explotado por la misma empresa y constituyó toda una novedad en la ciudad por su diseño vanguardista.

Se adaptó bien la constructora sanluqueña a los nuevos tiempos de la Transición y consiguió incluso contratos de obras públicas. Una de ellas, adjudicada por el Ministerio correspondiente a través de la Delegación Provincial de Educación Física y Deportes, fue la que le otorgó la construcción de varias pistas polideportivas, un campo de fútbol, piscinas, vestuarios, servicios y cerramientos en Trebujena y Tarifa, por un importe total de 19.319.384 pesetas (3). También realizó obras mediante una contrata en el Polideportivo Municipal de Sanlúcar.

EL PROYECTO DEL PARKING EN LA CALLE REGINA

Proyecto de edificio de aparcamientos (Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda, Exp. de Obras 6777/2000)

Con estos precedentes, no fue nada extraño que PYPSA afrontara ya cualquier proyecto por descabellado que pudiese parecer. Tampoco parecía amilanarse por cualquier tipo de trabas administrativas que se le pudieran poner, aun a pesar de que la legislación urbanística había cambiado tras la muerte de Franco. Una vez adquirida por la empresa la casa de los Colom, en 1979 se puso manos a la obra para llevar a cabo el gran aparcamiento. Encargaron el proyecto al arquitecto Carlos Delgado Hidalgo. Pero se encontraron con la primera dificultad: la Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico denegó la autorización para la demolición completa del palacete, ordenando que se mantuviera y se integrara la fachada en la nueva construcción. Así que procedieron a derruir todo el interior del edificio y dejaron la fachada en pie, absurda práctica que aún hoy día se mantiene en la normativa urbanística. Este contratiempo obligó a arquitecto y empresa a replantearse el proyecto. Pero no se arrugaron. Siguieron adelante, pues estaban convencidos de que la obra se podría rentabilizar rápidamente.

En una planta de solar de 453 metros cuadrados, con 21 metros lineales de fachada, el proyecto arquitectónico contemplaba la dotación de 90 plazas de aparcamiento distribuidas en un semisótano, una entreplanta y tres plantas más en altura. Todo ello estructurado con «un núcleo vertical de escaleras y un montacoches hidráulico ubicado al fondo del local, al objeto de facilitar las maniobras en el interior del edificio».

Empresa y arquitecto se comprometían en el proyecto revisado a reconstruir las partes de la fachada que hubiesen sido demolidas, además de colocar tejas árabes en la cubierta del edificio. También se obligaban a que la puerta de acceso al garaje sería de madera noble, «de iguales características a la existente en el resto de la fachada». Todo ello con un coste total de 18.042.206 de pesetas. Una vez revisado el proyecto, la Dirección General del Patrimonio autorizó la obra y el Ayuntamiento de la época, ni corto ni perezoso, una vez cumplido este requisito, se dispuso a facilitar todo lo posible la construcción del parking.

APROBACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento estaba entonces presidido por el alcalde José Luis Medina, cabeza de lista del PCE, y que gobernaba la ciudad gracias a los votos de una coalición de izquierdas en la que también se integraban el PSOE y el PSA. El delegado de Urbanismo era el propio alcalde y ante la presentación del proyecto por parte de PYPSA a fines de 1979 encargó al secretario municipal, Gonzalo Arnica, un informe técnico. En él se explicaba que las circunstancias más señaladas eran que el proyecto se enclavaba en el interior del Conjunto Histórico-Artístico, y que la Comisión Provincial y la Dirección General de Patrimonio habían ordenado que se conservara la fachada. En cuanto a los requisitos que el Plan General de Urbanismo preveía, sólo se podría autorizar la altura máxima de dos plantas y seis metros y medio, pues de otra forma sería necesario «tirar la fachada» y eso no estaba permitido. Lo más sorprendente, sin duda, es que el uso que pretendía dársele al antiguo palacete estaba contemplado «en el citado Plan General». Aún así, y para no pillarse los dedos, el técnico concluye su informe diciendo que «sería posible acceder a la concesión de la licencia, una vez se solicitara, visándose por los Colegios correspondientes los Proyectos de obras». 
 

Este fue el dictamen del secretario Arnica a fines de 1979. El proyecto se volvió a reformar en Abril del año siguiente, pero no logró el visado del Colegio de Arquitectos de Cádiz, que el 14 de Septiembre de 1979 ya había motivado su negativa «en aplicación del Artículo 223.3 de la Ley del Suelo», según el cual el proyecto del aparcamiento en la calle Regina contenía «infracciones urbanísticas graves (4)»
 

Esto tampoco importó. La Comisión Municipal Permanente, en su sesión celebrada el 20 de Enero de 1981 aprobó el proyecto del aparcamiento. La sesión, presidida por el alcalde Medina Lapieza, contó con la asistencia de los tenientes de alcalde Fernando Verdún Bautista, Luis García Garrido, Antonio Avilés, Julia Franco, Daniel León, Rafael García Raposo y Emilio Fábregas. En el punto 34 del orden del día se presentó el escrito firmado por Patricio López Muñoz, gerente de la empresa PYPSA, S.L, por el que solicitaba la licencia de obras para la construcción del aparcamiento. Pero se ocultó el hecho de que el visado colegial era negativo, que había sido denegado, pues se menciona como fecha de su otorgamiento el 14 de Septiembre de 1979, justo el día en que el Colegio consideró en su decisión que el proyecto contenía graves infracciones urbanísticas.

Aun a pesar de eso, la Comisión Municipal Permanente acordó aprobar la licencia, una vez «vistos los informes emitidos por la Unidad de Urbanismo y Obras y por la Unidad Técnica Municipal». Los dos únicos requisitos que se le pusieron al solicitante fueron que debía informar a la Corporación del inicio de las obras y que una vez finalizadas éstas debía solicitar «la correspondiente licencia de primera utilización». Curiosamente, en esta misma sesión, se deniegan licencias de obras a varios vecinos por pequeños defectos formales o por requisitos de menor importancia (5)

EPÍLOGO: SUSPENSIÓN DE PAGOS.

Pocas semanas después comenzaron las obras. El trasiego de camiones hormigoneras fue tremebundo. Las toneladas de cemento que se volcaron en el solar para levantar la estructura del parking (que aún hoy día se mantiene) fue colosal. Algunos vecinos de la zona aún recuerdan lo que sufrieron durante los meses que duró la obra. Para el verano de 1981, la empresa aún se encontraba en plenitud económica y concedió incluso un premio en las Carreras de Caballos del mes de Agosto, dotado con 60.000 pesetas. A fines de año la empresa solicitó la autorización para realizar la canalización del alcantarillado del edificio. Pero poco tiempo más duraría la actividad (6).

El 23 de Abril de 1982 el juez de primera instancia de Sanlúcar, Lorenzo del Río, mediante un edicto, da a conocer a los afectados que se estaba tramitando en su juzgado la suspensión de pagos de la empresa. También informaba que la representación de la empresa la ostentaba el procurador Constantino Pérez del Prado y que se había nombrado como interventores a José Luis de Dios Morales, Antonio Rosado Serrano y el Banco Hispano Americano de la localidad (7). 
 

El 22 de Noviembre, el mismo juez vuelve a emitir un auto por el que se comunicaba que había declarado a la empresa «en estado de suspensión de pagos e insolvencia provisional, al ser el activo superior al pasivo». Mediante la misma convocatoria se citaba a todos los acreedores «de la entidad suspensa a una Junta General». Esta Junta tendría lugar en la misma Sala de Audiencias del Juzgado en la calle de la Bolsa, el 4 de Febrero del año siguiente (8). Pero no iba a ser todo tan fácil, pues poco tiempo después el juez Del Río suspende la Junta General de Acreedores, al amparo del artículo 18 de la Ley de Suspensión de Pagos de Julio de 1922 (sí, 1922). Esta anulación tenía por objeto el llegar a un acuerdo o convenio «con la adhesión de los acreedores en forma fehaciente». Para ello se le otorgaba a la empresa un plazo de cuatro meses más (9). A fines ya de Julio de 1983, el mismo juez Del Río comunicaba a los interesados y afectados que había decidido aprobar el Convenio que esta empresa había presentado a sus acreedores, con el compromiso siguiente: «El pago íntegro de la totalidad de las deudas en tres anualidades, satisfechas a todos y cada uno de los acreedores en proporción a su créditos durante los años de mora en el pago que solicita (10)».

Aclarar si los acreedores llegaron a cobrar o no, se escapa ya al objeto de este artículo, cuyo fin no es otro que recordar y denunciar el triste aniversario de una ruina que afea gravemente una zona céntrica del casco antiguo de la ciudad. Ningún Ayuntamiento en estos treinta años ha sido capaz no ya de solucionar, sino ni siquiera de adecentar este negro baldón de nuestro urbanismo. La vieja casa de cargadores a Indias, morada durante muchos años de la familia Colom y acogedor hotel ocasional del gran compositor Turina, sigue en ruinas y su triste imagen sigue destruyendo nuestra memoria y nuestra dignidad. Se ha erigido en un permanente monumento a la pasividad y a la impasibilidad, a la incompetencia política y al descrédito empresarial.

(c) Salvador Daza Palacios, 2012 (Texto y fotografías)

NOTAS:

1-: ABC de Sevilla, 28 de Julio de 1972.

2.- ABC de Sevilla, 30 de Mayo de 1975

3.- HOJA DEL LUNES, Cádiz, 1 de Agosto de 1977.
4.- Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda: Secretaría, Libro de Actas de la Comisión Municipal Permanente de 1981, signaura 5094, fol. 167.

5.- Articulo 223.3 de la Ley del Suelo (RD 1346/1976, BOE 17 de Junio de 1976): “Los Colegios profesionales que tuviesen encomendado el visado de los proyectos técnicos precisos para la obtención de licencias, conforme a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y ocho, denegarán dicho visado a los que contuvieran alguna de las infracciones previstas en el artículo doscientos veintiséis punto dos..

6.- El premio “Construcciones Pypsa” lo ganó el jinete Alejandro Parias. Los otros dos premios de este segundo ciclo fueron patrocinados por el Consejo Regulador del Jerez, con 100.000 pesetas, y por el Club Náutico de Sanlúcar, con 50.000. (Crónica de E. Domínguez Lobato, ABC de Sevilla, 12 de Agosto de 1981).

7.- ABC de Madrid, 6 de Mayo de 1982.

8.- ABC de Sevilla, 23 de Diciembre de 1982.

9.- El edicto no fue publicado en ABC de Madrid hasta el 17 de Marzo de 1983, un mes y medio después de la fecha anunciada para la Junta, aunque el auto había sido firmado por el secretario judicial el 25 de Enero.

10.- ABC de Sevilla, viernes 19 de Agosto de 1983.